La nueva norma fija duros requisitos para el establecimiento de una organización no gubernamental, como el pago de 10.000 libras egipcias (552 dólares) y la presentación por parte de los fundadores de sus antecedentes penales y su información financiera.
Asimismo, prohíbe hacer encuestas o informes que tengan "características políticas" sin un permiso previo del Gobierno, el cual también es necesario para hacer proyectos conjuntos con otras organizaciones locales o internacionales, o recibir cualquier tipo de financiación.
Además, pone las cuentas bancarias de miles de ONG locales e internacionales que operan en el país bajo la supervisión del Banco Central.
El jefe del comité de Solidaridad Social del Parlamento egipcio, Abdelhadi al Qasabi, quién elaboró y presentó el proyecto de ley, dijo a Efe que "no hay ninguna irregularidad en la ley, que respeta todos los acuerdos internacionales".
Al Qasabi consideró que los que critican la ley son los que hacen de su trabajo en las ONG "una cobertura" para llevar a cabo "objetivos políticos e ideas suspicaces, terroristas o raras, para generar división y sectarismo en el país".
Por su parte, Mohamed Anuar al Sadat, miembro del Consejo Administrativo de la Unión General de ONG y diputado del Parlamento, calificó la nueva ley de "muy mala" y dijo a Efe que esta debería considerar a la sociedad civil como "un verdadero socio en el desarrollo del país".
Según el diputado opositor, entre los parlamentarios hay una "obsesión" respecto a las ONG por el papel que han jugado en la revolución egipcia de 2011 y en los años posteriores, y muchos consideran que están detrás de los disturbios y la inestabilidad que ha vivido el país.
Por su parte, el presidente del Parlamento egipcio, Ali Abdel Aal, dijo hoy tras la aprobación de la norma que ésta es una muestra de que "Egipto es un país independiente y tiene soberanía", en referencia a los vínculos de algunas ONG locales con el exterior o al trabajo a favor de la democratización de organizaciones internacionales en el país árabe.
Human Rights Watch (HRW) criticó hoy el proyecto de ley, que afectará a 47.000 organizaciones locales y cien extranjeras que trabajan en Egipto, según estimaciones del Gobierno.
HRW destacó que cualquier ONG que no se registre bajo la nueva ley en los primeros seis meses desde su aprobación será automáticamente disuelta y que cualquier violación a la ley conllevará una pena de hasta cinco años de prisión y una multa de 1 millón de libras egipcias (65.000 dólares).
