El Parlamento de Portugal no despenaliza la eutanasia

El resultado de la votación de las cuatro propuestas se presentaba incierto, ya que las dos formaciones políticas con más diputados -el gobernante Partido Socialista y el conservador PSD- habían otorgado libertad de voto a sus parlamentarios.

Los cuatro proyectos, presentados por partidos de izquierda, coincidían en exigir como requisito indispensable que el enfermo fuese mayor de edad, careciese de problemas mentales que le pudieran influir a la hora de tomar la decisión y padeciese una dolencia incurable.

El solicitante debía confirmar varias veces su voluntad y los médicos podían acogerse a su derecho de objeción de conciencia y negarse a practicar la eutanasia al enfermo.

Estos fueron los principales argumentos que defendieron hoy los diputados a favor durante el debate de los proyectos, presentados por los socialistas, el marxista Bloque de Izquierda (BE), el ecologista Los Verdes (PEV) y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN).

La socialista Maria Antónia Almeida Santos, encargada de presentar la propuesta de su partido, sostuvo que el texto protegía al enfermo -exige que tienen que estar conscientes para solicitar la eutanasia- y salvaguardaba el "sentido ético" de los profesionales sanitarios.

Por su parte, el diputado marxista José Manuel Pureza pidió que el "miedo" y los "prejuicios" no condicionasen la votación, mientras que la líder de Los Verdes, Heloísa Apolónia, consideró que "nadie" puede influir en la decisión de un enfermo sobre esta materia.

También el diputado único del PAN, André Silva, defendió que la intervención voluntaria para acelerar la muerte a petición del enfermo es simplemente un acto "de altruismo" y "de pura bondad".

Entre los argumentos en contra que se escucharon en el debate, la diputada democristiana Isabel Galriça Neto (del CDS-PP, el partido más a la derecha del hemiciclo) señaló que el sufrimiento es "tratable" e insistió en la necesidad de reforzar los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia.

Los cuidados paliativos también fueron uno de los argumentos de los comunistas y el diputado António Filipe consideró "inaceptable" que un Estado no ofrezca condiciones dignas a sus enfermos para que pasen la última etapa de su vida de forma digna.

El líder del conservador Partido Social Demócrata (PSD), Fernando Negrão, opinó que no hubo suficiente "debate" y "reflexión" sobre un tema que así lo exige y acusó al Gobierno de no cumplir el plan estratégico que presentó sobre cuidados paliativos.

Al final, la mayoría de los diputados se mostró en contra de los cuatro proyectos, de los que el presentado por los socialistas fue el que registró la votación más igualada: 110 apoyos, 115 rechazos y 4 abstenciones.

Los marxistas, los ecologistas de Los Verdes y el PAN votaron en bloque a favor, mientras los democristianos y los comunistas se opusieron, y el resultado final dependió de la libertad de voto dentro del Partido Socialista y el PSD.

Cientos de personas en contra de la despenalización de la eutanasia se concentraron a las puertas de la Asamblea de la República para expresar su rechazo.

La eutanasia ya fue debatida el año pasado en el Parlamento portugués a raíz de una petición del movimiento cívico "Derecho a morir con dignidad" firmada por más de 8.000 ciudadanos, que no conllevó votación, pero supuso el inicio de las conversaciones sobre el asunto.

El debate se intensificó en los últimos días en Portugal, país con un 81 % de católicos y donde varios líderes y antiguas figuras políticas se sumaron a la discusión pública para manifestar sus opiniones al respecto.

Fue el caso del primer ministro portugués, el socialista António Costa, quien se mostró a favor, al igual que el líder de la oposición, Rui Rio, que también apoyó la despenalización.

Por el contrario, el expresidente conservador Aníbal Cavaco Silva y los antiguos jefes de Gobierno Pedro Passos Coelho y Pedro Santana Lopes, también conservadores, manifestaron abiertamente su rechazo.

La eutanasia es legal en tres países europeos -Holanda, Bélgica y Luxemburgo- y, fuera de este continente, está también autorizada en Canadá, Colombia y el estado australiano de Victoria, donde entrará en vigor en junio de 2019.