Informe Amnistía Internacional

La pena de muerte aumenta hasta los 1.150 casos en 2023, la cifra más alta en ocho años

El número de ejecuciones de 2023 en todo el mundo ascendió a las 1.153, el máximo desde 2015, según un informe publicado este miércoles por Amnistía Internacional, que desvela un aumento del 31% respecto al año anterior.

Diana Rodríguez Pretel | EFE

Madrid | 29.05.2024 11:56

Audio: Diana Rodríguez Pretel / Imagen: Europa Press

Preocupación de Amnistía Internacional por el aumento de las condenas en Irán como una de las principales causas de que 2023 fuera un año récord en número de ejecuciones a nivel global. En Irán se produjeron 853, cifra que supone el 74% del total de ejecuciones registradas, si bien Amnistía Internacional no dispone de la suma de las que se produjeron en China, donde la organización estima que miles de personas murieron por el mismo motivo. Y según la ONG, de las sentencias a muerte llevadas a cabo por el régimen de los Ayatolás en Irán, al menos 545 fueron ejecutadas de forma "ilegítima” por actos que -si atendemos al Derecho Internacional- no deberían conllevar la pena capital. Como advierten los autores del informe 'Penas de muerte y ejecuciones 2023', muchos de las condenas fueron por robo, espionaje o delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Los 10 países que donde más condenas a muerte se ejecutaron el año pasado fueron China, Irán, Arabia Saudí, Somalia, EEUU, Irak, Yemen, Egipto, Bangladesh y Corea del Norte, por ese orden.

En cuanto al número de penas de muerte en 2023, también se incrementó respecto al año anterior, con 2.428 nuevas condenas, un aumento del 20% respecto a las 2.016 penas del año anterior.

Asegura la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard que "los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados; nuestra campaña contra este castigo abominable funciona y continuaremos hasta que hayamos terminado con la pena de muerte". Pese a todo, AI se muestra optimista con el trabajo de la organización centrado en erradicar las ejecuciones en todo el mundo.

China lidera las ejecuciones

China es el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la magnitud de la práctica ya que en el país asiático se considera casi un secreto de Estado.

Para Amnistía Internacional, el secretismo respecto al número de ejecuciones, también en Corea del Norte y Vietnam -países en los que la organización cree que se producen ejecuciones de forma generalizada- sirve como indicador de que la pena de muerte se utiliza como herramienta gubernamental para ejercer el poder y sembrar el miedo en la población.

Entre los países que sí publicaron datos, llama la atención Irán con un aumento del 48% en el número de ejecuciones respecto al 2022, pasando de 576 ese año a las 853 de 2023, y muchas de ellas relacionadas con los delitos de estupefacientes.

"Las autoridades iraníes mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán", declaró Callamard.

Después de China e Irán, destacó el número de ejecuciones en Arabia Saudí (172), Somalia (38, aunque AI considera que esta cifra es mayor) y Estados Unidos (24).

El 40% de las ejecuciones de 2023 en todo el mundo se dictaminaron por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, y preocupa -por ejemplo- que no hablar la lengua nativa en Corea del Norte sea un delito capital.

Continúa el progreso hacia la abolición

Aunque el informe subraya el aumento en las penas de muerte y ejecuciones en todo el mundo en 2023, Amnistía Internacional también destacó que ese año fue el momento en el que se registró el menor número de países donde se produjeron ejecuciones.

Esta cifra bajó de los 20 países que llevaron a cabo esta pena en 2022 a los 16 del último año, en el que no se registraron muertes de este tipo en Bielorrusia, Japón, Birmania y Sudán del Sur.

Además, la organización destacó que en Pakistán se eliminó la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, mientras que en Malasia se acabó con la pena de muerte obligatoria para algunos delitos.

Al mismo tiempo, según Amnistía, también los parlamentos de Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue dieron pasos hacia la abolición de la pena de muerte.