Polémica en Hungría por una ley que castiga con cárcel a quienes ayuden a inmingrantes
El Gobierno de Hungría ha presentado un polémico proyecto de ley que penaliza hasta con un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular.
"Es importante que el Parlamento apruebe esta ley lo más pronto posible, ya que funcionará como un escudo político" para el Gobierno en sus discusiones sobre el tema con Bruselas, declaró a la prensa Csaba Dömötör, secretario de Estado de Gobernación.
Según el texto, el apoyo a la inmigración ilegal se produce, entre otros aspectos, cuando se ayuda en la solicitud de asilo de una persona que no es perseguida o se logra un permiso de residencia para un inmigrante que entró o permanece en Hungría de manera irregular.
En estos casos se comete un delito que puede ser castigado con entre cinco y 90 días de detención.
Por otra parte, la planeada legislación también prevé que si alguien apoya la inmigración ilegal de una manera duradera o con dinero puede ser castigado con un año de prisión, así como también cuando realiza esa actividad dentro de una franja de ocho kilómetros desde las fronteras o por beneficio financiero.
El secretario de Estado explicó que el proyecto de ley se debatirá desde la próxima semana en el Parlamento, donde el partido del primer ministro, el nacionalista y conservador Viktor Orbán, cuenta con una mayoría absoluta de dos tercios.
Medios locales informaron de que la CDU alemana, el partido democristiano de la canciller Angela Merkel, que pertenece a la misma familia política que Orbán, el Partido Popular Europeo, ha pedido al Gobierno húngaro que espere a la opinión y observaciones de la Comisión de Venecia antes de aprobar la ley.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa sobre cuestiones constitucionales, democracia y derechos humanos.
El proyecto de ley lleva el nombre de "Stop Soros", en alusión al magnate de origen húngaro George Soros conocido por apoyar diferentes proyectos en defensa de los valores liberales y los derechos humanos.
ONG húngaras y organismos internacionales han denunciado que el proyecto limita el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil en Hungría.
En el poder desde 2010, Orbán ha vinculado la inmigración con la delincuencia y el terrorismo y ha asegurado que pone en peligro la identidad europea.