Tal y como lleva sucediendo durante los últimos seis meses, este sábado cientos de miles de manifestantes han vuelto a congregarse en Tel Aviv para oponerse a la reforma judicial que busca impulsar el gabinete presidido por Benjamin Netanyahu. Ayer, fueron 143.000 los ciudadanos israelíes que mostraron su desacuerdo con la norma, que el gabinete - compuesto por el Likud de Netanyahu y otros cinco partidos religiosos y de ultraderecha - quiere impulsar de manera unilateral, sin alcanzar un acuerdo con la oposición. Los partidos no gubernamentales se retiraron de las negociaciones el mes pasado, sin conseguir ningún acuerdo al respecto de la nueva norma.
Docenas de manifestantes trataron de cortar una de las principales autovías de la capital israelí, al mismo tiempo que se organizaron otras protestas de menor magnitud en otras ciudades importantes, como Jerusalén. Las autoridades de Tel Aviv hicieron uso de mangueras con agua a presión para disolver las manifestaciones. Después de meses de reivindicación, el movimiento de oposición a la reforma se ha convertido en una de las protestas más masivas en la historia del país.
Peligro para la separación de poderes
La reforma que ha despertado discordia en el país podría comprometer la independencia del poder judicial, otorgando más poder al Ejecutivo en el funcionamiento de la justicia. La norma otorgaría al Knéset - el parlamento israelí- una mayor capacidad para revocar las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo, necesitando tan solo una minoría simple de 61 votos en una cámara compuesta por 120 diputados. El Tribunal, en caso de salir la ley adelante, tendría muy difícil realizar revisiones de las Leyes Básicas sobre las que se establece el Estado de Israel, que no cuenta con una Constitución propia.
La independencia del poder judicial, tal y como sostienen los opositores a la ley, también quedaría comprometida, pues el actual sistema de elección de jueces se desequilibraría otorgando más poder al Parlamento a la hora de escoger a los magistrados. Por otro lado, el Gabinete trata de impulsar otra ley que reduciría los supuestos por los cuales un dirigente puede ser inhabilitado de sus funciones; Netanyahu, actualmente condenado por varios delitos fiscales, podría estar incurriendo en un "conflicto de interés" al impulsar estas medidas, tal y como sostiene la oposición.
Una coalición de seis partidos
Actualmente, el gobierno de Israel está compuesto por una coalición de seis partidos: además del conservador Likud, la coalición se compone de otros cinco partidos de carácter derechista y ultrarreligioso, como el Shash, el partido Sionista Religioso y el Ozmá Yehudit. Si el gabinete está enfrentando a una ferviente oposición en las calles, el propio gobierno se encuentra dividido a raíz de la última propuesta del Likud, que busca reforzar militarmente a la Autoridad Nacional Palestina. El propósito es reforzar la seguridad en los territorios de Gaza y Cisjordania, si bien los partidos de cariz religioso rechazan esta propuesta: estos defienden la eliminación de la Autoridad, acusándola de promover el terrorismo en el país.
