"Se trata del compromiso por parte del arrepentido de ofrecer declaraciones sustanciales, reveladoras, sinceras y completas sobre la participación de terceros y, llegado el caso, su propia participación en los delitos objeto del caso", ha informado la Fiscalía federal.
Los términos del acuerdo entre las dos partes implican que la sanción que se aplique a Panzeri será "efectiva pero limitada", si bien el confesor no evitará la "prisión firme, una multa y la confiscación de todos beneficios patrimoniales adquiridos", precisa el comunicado, que estima en al menos un millón de euros esas ventajas.
El "memorando" que han firmado Panzeri, acompañado de sus abogados, y por el Fiscal federal recoge que el exeurodiputado deberá informar tanto a los investigadores como a la Justicia belga de cuestiones clave como el 'modus operandi', los acuerdos financieros con Estados terceros y de la arquitectura financiera puesta en marcha.
El arrepentido también se compromete a dar información sobre los "beneficiarios de las estructuras creadas y de las ventajas ofrecidas" y de la "implicación de personas ya conocidas o aún no" en el marco de la investigación, incluidos los nombres de personas a las que Panzeri confiese haber corrompido.
Se trata de la segunda ocasión en la historia judicial belga en que la que se cierra un acuerdo de este tipo con un "arrepentido", según ha precisado la Fiscalía federal.
Panzeri fue imputado el pasado 10 de diciembre acusado de ser el cabecilla de una organización criminal y participar en actividades de blanqueo de capitales y corrupción pública activa y pasiva.
En el marco de la misma investigación que, según publican los medios belgas apunta al pago de sobornos por parte de Qatar y Marruecos para ganar peso en la UE a través de eurodiputados, han sido imputadas de momento otras tres personas, incluida la socialista griega Eva Kaili, vicepresidenta de la Eurocámara destituida tras el escándalo, y su pareja y asistente parlamentario Francesco Giorgi.
Esta misma semana, además, la Eurocámara lanza el procedimiento formal para tramitar la petición de la Justicia belga de suspender la inmunidad de otros dos eurodiputados socialistas, el italiano Andrea Cozzolino y el belga Marc Tarabella, de modo que puedan ser investigados por la misma causa.
