El llamado "caso Bygmalion", una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos de campaña y burlar así los límites legales, se convierte en el primero de los frentes judiciales abiertos contra Sarkozy que le llevará a juicio.
El Tribunal Correccional de París lo juzgará junto a otros 13 acusados a menos que prospere el recurso que anunciaron hoy los letrados del expresidente contra la decisión tomada el pasado viernes por uno de los instructores del caso, por el que el presidente se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel y 3.750 euros de multa.
Según la acusación, el expresidente, que en 2012 optaba a la reelección, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.
Para ocultarlo, se tramó una red de falsificación de facturas y documentos a través de la agencia de comunicación Bygmalion, sacada a la luz por el semanario "Le Point" y que motivó la apertura de una investigación judicial en 2014.
El presidente fue alertado en dos ocasiones del ritmo desmesurado de sus gastos pero decidió no reducirlos, según la acusación.
Un tren de gastos que pese a todo no permitió a Sarkozy ganar esas elecciones, en las que se inclinó en la segunda vuelta frente al socialista François Hollande.
Las cuentas de aquella campaña fueron invalidadas en julio de 2013 por el Consejo Constitucional, encargado de revisarlas, lo que provocó que Sarkozy tuviera que pagar una multa de más de 360.000 euros y devolver la subvención pública, de casi 12 millones.
La multa la pagó de su bolsillo, pero la devolución de la subvención motivó que Sarkozy lanzara una cuestación popular para evitar la quiebra del partido.
Los abogados del expresidente consideran que esa sanción, ya pagada, "se impone a todas las jurisdicciones", por lo que su cliente no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Sin embargo, la acusación se centra más en la trama de falsificaciones tejida para ocultar los gastos reales de la campaña, algo que Sarkozy siempre ha negado conocer.
El expresidente culpó de ello al entonces presidente del partido, Jean-François Copé, pero eso no le libró de que, tras un interrogatorio de nueve horas, los jueces le imputaran por la presunta financiación ilícita de su campaña en febrero de 2016.
Los testimonios de los diferentes implicados en el caso dejaron ver, según la acusación, que Sarkozy estaba al corriente del incremento de los gastos de su campaña pese a las advertencias lanzadas en marzo y abril de 2012, en plena carrera al Elíseo.
El "caso Bygmalion" no es el único que persigue a Sarkozy desde que abandonó el Elíseo en 2012.
El expresidente fue imputado en julio de 2014 por un presunto delito de tráfico de influencias revelado por las escuchas telefónicas a las que fue sometido por la policía.
Las conversaciones con su abogado llevaron a los investigadores a sospechar que Sarkozy trató de obtener informaciones secretas de un magistrado a cambio de una promoción profesional.
La Justicia también investiga si su campaña de 2007, la que le condujo al Elíseo, fue financiada con fondos libios. Según el testimonio de un intermediario, la campaña recibió 5 millones de euros de Muamar Gadafi.
El nombre de Sarkozy también aparece en la investigación sobre posibles irregularidades en el encargo de sondeos cuando era presidente, al igual que en la atribución de una indemnización multimillonaria al empresario Bernard Tapie, caso por el que fue condenada la que fuera su ministra de Economía Christine Lagarde, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En otros cuatro asuntos, Sarkozy ha escapado de la inculpación pese a figurar en la investigación.
Hasta ahora, el único jefe del Estado francés con antecedentes es Chirac, condenado en 2011 -cuatro años después de dejar el Elíseo- a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por un caso de empleos ficticios durante la etapa en la que era alcalde de París.
