El proyecto de ley, que ahora pasará a la Cámara de los diputados para su aprobación final, fue aprobado con un voto de confianza, al que se recurre frecuentemente en Italia para evitar las enmiendas, y recibió 163 votos a favor, 59 contrarios y 19 abstenciones, entre estas las de cinco senadores del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S).
Ese gesto ha puesto en evidencia las discrepancias en el seno del M5S respecto a algunas medidas presentadas por la ultraderechista Liga con la que gobierna en coalición. No participaron en el voto los senadores de Forza Italia y se abstuvieron los de Hermanos de Italia.
Esta ley es el caballo de batalla del ministro del Interior, Matteo Salvini, en su política de freno a la inmigración y de puño duro contra los inmigrantes. Prevé que en "en caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo" este sea expulsado del país.
El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves.
Asimismo introduce que los inmigrantes que tengan una condena definitiva por terrorismo verán retirada su ciudadanía italiana, o que el país no consentirá la entrada en su territorio a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros países de la zona Schengen.
El periodo de permanencia en los centros para refugiados se amplía de 90 a 180 días, mientras los solicitantes de asilo tramitan su petición de residencia.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la supresión de la protección humanitaria, que hasta ahora era una de las causas para conceder el asilo, y se sustituirá por un permiso de residencia de un año solo para casos extremos como urgencias sanitarias, desastres naturales en el país de origen o haber realizado algún mérito en suelo italiano.
La norma ha sido fuertemente criticada por las asociaciones humanitarias y la oposición al considerar que creará aún más inmigrantes indocumentados.
"Eliminar el permiso por motivos humanitarios es una medida feroz y cruel. Hacer aún más difícil la acogida a quien huye de la guerra o es víctima de persecución política o religiosa va contra cualquier principio de derecho internacional", explicó la senadora del progresista Partido Demócrata (PD) Monica Cirinnà.
Los senadores del PD protestaron tras el voto en la zona de la prensa con carteles en los que se leía "Decreto Salvini. Menos seguridad y más clandestinidad".