Desde la toma armada del poder por parte de los talibanes como autoridad de facto en Afganistán en agosto de 2021, las mujeres y niñas en ese país enfrentan retos sin igual. Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen. En el régimen talibán anterior, entre 1996 y 2001, las mujeres y niñas vivieron un sistema de segregación, exclusión y desigualdad calificada ya desde entonces como “apartheid” de género.
En los veinte años entre 2001 y 2021, aunque perduraron varios obstáculos para la realización de los derechos humanos –la persistencia de roles tradicionales de las mujeres en la sociedad, prácticas familiares y culturales discriminatorias, y la pobreza extrema, sobre todo rural–, sí se lograron avances relevantes.
Algunos de estos desarrollos fueron una ley especializada en violencia de género y tribunales para su implementación, normas e instituciones para la protección de los derechos humanos, el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la educación para las niñas y mujeres, incluida la universitaria (si bien esto se producía mayoritariamente en zonas urbanas) y la participación femenina en la vida económica y en los ámbitos público y político, incluyendo la actuación de ministras de gobierno, parlamentarias y juezas. Hoy todo eso se acabó.
Afganistán es hoy el único país del mundo donde la educación a partir de sexto de primaria está legalmente prohibida para las niñas y mujeres. Las niñas mayores de 12 años no pueden ir al colegio. Las mujeres no pueden salir solas y sin la compañía de un familiar hombre (maharam). Deben aplicar el hiyab “adecuado”, preferiblemente llevando un chadari (prenda negra no ajustada con la cara cubierta) y no salir de casa sin un motivo.
Las mujeres solo pueden trabajar en empresas y en ciertos sectores económicos, aunque las restricciones a la libertad de circulación hacen que en la práctica esto sea difícil. Las mujeres afganas tienen prohibido trabajar en el sector público, en organizaciones sociales y en organismos internacionales, incluyendo en Naciones Unidas.
Leyes derogadas y tribunales desaparecidos
Hoy en día, una mujer afgana víctima de violencia doméstica prácticamente no tiene a dónde acudir. Se ha derogado la ley en la materia y han desaparecido los tribunales especializados. Se encuentran en un estado de indefensión casi total sin instituciones que las auxilien ni acceso a la justicia.
Las mujeres tienen acceso muy restringido y controlado a la salud sexual y reproductiva y, en el ámbito sanitario en general, no pueden ser atendidas por personal masculino.
Esto, unido a que ya no existen universitarias que estudien Medicina, es, como decía una doctora, “una fórmula para el desastre”, pues condena a niñas y mujeres a enfermarse y hasta a morir de males prevenibles.
Las niñas y mujeres tienen vetado el acceso a parques, gimnasios y baños públicos. En julio de 2023, se ordenó que se cerraran los centros estéticos para mujeres. Hoy si una mujer tiene una hija que va a casarse, ni la una ni la otra podrán ir a la peluquería –siendo este uno de los únicos espacios de convivencia social y diversión que les quedaban–.
Pude conocer en Mazar e-Sharif, a una mujer soltera, profesora de Psicología que daba clases a escondidas y que se ponía un anillo para fingir que estaba casada. Si los talibanes la paraban por la calle, podía decir que su marido estaba enfermo y que por eso iba sola, y con ello evitar más preguntas.
Una antigua estudiante universitaria me dijo: “Vivimos bajo arresto domiciliario. Nos sentimos deprimidas y desesperanzadas. No tenemos futuro”.
Otra confesaba: “Estoy dispuesta a hacer todo, lo prometo, me pongo el hiyab ‘apropiado’, que me acompañe mi hermano a la universidad, luego me voy directa a la casa pero, por favor, ¡quiero estudiar!”
Siguen trabajando y ayudando a otras mujeres
A pesar de estos retos, las mujeres persisten y resisten. Siguen trabajando como pueden; siguen cuidando y buscando educación para sus hijas y siguen encontrando espacios para exigir respeto. Encuentran formas creativas e innovadoras de seguir ayudando a otras mujeres, aun en zonas remotas, y en ocasiones con el apoyo decidido de sus padres y hermanos, incluyendo mediante proyectos educativos a niñas y mujeres de forma online o en espacios físicos de forma clandestina. Continúan levantando sus voces, siendo líderes de organizaciones, iniciativas y actividades. Se enfrentan a rocas que las aplastan, pero ellas son el agua bajo las rocas.
Aun así, necesitan urgentemente el compromiso inquebrantable y acciones concretas de la comunidad internacional. Por ejemplo, el apoyo a organizaciones lideradas por mujeres afganas, el otorgamiento del estatus de protección internacional a las que logran huir y el desarrollo normativo adecuado para combatir las violaciones graves y sistemáticas a sus derechos.
No podemos mirar hacia otro lado frente a las atrocidades cometidas por las autoridades en Afganistán. Tenemos la responsabilidad colectiva de alzar las voces de las niñas y mujeres del país y de actuar ahora.
Dorothy Estrada Tanck, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Murcia
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
