Uzbekistán es considerado una dictadura que viola los derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que Suecia no expulsa a personas a ese país asiático, al igual que a otros.
"Es difícil deportar a gente a ciertos países que, o no aceptan el regreso de ciudadanos o, si los deportamos por la fuerza, se arriesgan a sufrir castigos. Hablamos de regímenes dictatoriales", declaró este lunes el director de la Policía Nacional, Dan Eliasson, en una rueda de prensa sobre la investigación del atentado.
Eliasson reconoció que en Suecia hay "un gran número de personas" a las que se les ha denegado asilo y tienen orden de expulsión, más de 12.000, según han confirmado las autoridades, y señaló que ése es un problema que existe "en todos los países europeos".
El presunto autor del atentado, que arrolló a una multitud con un camión en el centro de la capital, había llegado a Suecia en 2014.
Su solicitud fue rechazada en junio de 2016, en diciembre recibió un requerimiento para abandonar el país de forma voluntaria y, dos meses después, las autoridades migratorias trasladaron el caso a la Policía, que a finales de febrero de 2017 emitió una orden de búsqueda.
El máximo responsable de la Policía de Fronteras, Patrik Engström, reconoció este lunes a la emisora pública "Radio de Suecia" que, de haber encontrado antes al uzbeko, las posibilidades de hacer efectiva la orden o de detenerlo habrían sido "muy, muy pequeñas".