Banerji, desde una cuenta llamada 'LaLegale', publicaba miles de opiniones críticas hacia el tratamiento que se da a los migrantes detenidos y a los refugiados y hacia las políticas migratorias del Gobierno.
La extrabajadora de la oficina de inmigración exigió una compensación por su despido, que ella consideraba improcedente. La reclamación fue aceptada por el Tribunal de Apelaciones Administrativas debido a que el código de conducta del servicio público que regula el uso de las redes sociales es "indebidamente intrusivo en el derecho a la comunicación política".
Pero el Tribunal Supremo ha desestimado su reclamación y ha considerado que permitir a los trabajadores de servicios públicos criticar las leyes o a miembros del Parlamento, incluso de forma anónima, podría minar la confianza ciudadana en la burocracia.
El Supremo considera que el Tribunal de Apelaciones Administrativas erró en su interpretación del caso ya que "la libertad de comunicación política no es un derecho personal que esté recogido dentro del derecho a la libertad de expresión".
"Hemos fallado" en la defensa de la libertad de expresión de los funcionarios, ha dicho Banerji al salir del tribunal. "No es una pérdida para mi solamente, es una pérdida para todos nosotros. Lo siento profundamente", ha añadido con ojos llorosos.
El sindicato de funcionarios australianos ha recalcado que esta sentencia tendrá efectos adversos para dos millones de trabajadores estatales, federales y locales.