Un portavoz del Departamento de Correcciones de Alabama, Jeff Dunn, explicó que la suspensión fue consecuencia de la falta de tiempo del equipo médico para empezar el procedimiento.
El Tribunal Supremo de EE.UU., no obstante, había dado luz verde a la ejecución con un plazo superior a las tres horas sobre la medianoche, que era el límite establecido en los protocolos. El abogado de Hamm, Bernard Harcourt, escribió en Twitter que los verdugos "probablemente no pudieron hallar una vena" para administrar la inyección letal por el estado de salud del preso.
De hecho, el intento de ejecución de Hamm llegó tras una larga batalla legal entre sus abogados y el estado. Hamm, de 61 años, fue diagnosticado con cáncer en 2014 y los abogados usaron esa carta al argumentar que su cliente estaba
demasiado enfermo y que, por lo tanto, su ejecución violaría la Constitución. También habían advertido de que el tratamiento había
debilitado sus venas.
El estado, no obstante, defendió que el linfoma de Hamm había remitido en 2016, por lo que su ejecución sí era constitucional, argumento que en última instancia dieron por bueno los magistrados del Tribunal Supremo. En la noche del 24 de enero de 1987, Hamm y dos cómplices huían de un robo y un tiroteo en Misisipi, su estado natal, cuando se detuvieron en el Motel Anderson de Cullman, en el norte de Alabama.
Según la versión de una huésped que presenció los hechos y que llamó a la Policía, Hamm pidió una habitación al recepcionista, Patrick Cunningham, pero este respondió que el establecimiento ya estaba lleno. Al rato regresaron revolver en mano, obligaron a Cunningham a tumbarse en el suelo y le pegaron un tiro en la cabeza.
De la caja registradora del motel se llevaron unos 350 dólares y de la billetera de Cunningham unos 60. A los tres los detuvieron poco después, y los dos cómplices de Hamm declararon en su contra tras alcanzar un acuerdo con los fiscales. A Hamm lo condenaron a muerte ese mismo 1987.