Theresa May logra que sus ministros apoyen su plan de "brexit" tras tensa negociación

Después de casi doce horas reunido en la residencia oficial de Chequers (sureste inglés), el Gobierno acordó una propuesta para la futura relación aduanera y comercial con la Unión Europea (UE), que permitirá avanzar en la negociación con Bruselas para la salida de este país del bloque.

Sin embargo, pese al consenso demostrado hoy, persiste la amenaza de fisuras en el Ejecutivo y dentro del Partido Conservador, donde varios diputados ya han indicado que se oponen a los principios pactados.

El Gobierno propondrá a la UE la creación, tras el periodo de transición de 21 meses posterior al "brexit" -previsto para el 29 de marzo de 2019-, de un área de libre comercio para los bienes, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda.

Para posibilitar ese libre comercio, el Reino Unido conservaría una equivalencia regulatoria con la UE para bienes, aunque no para

servicios, se indica en el comunicado difundido tras la reunión.

Según declaró May, el plan británico creará "un área de libre comercio Reino Unido-UE que establecerá una normativa común para bienes industriales y productos agrícolas", si bien el Parlamento británico deberá aprobar cualquier futuro cambio en estas regulaciones.

"Como resultado, se evitarán fricciones en el campo del comercio, lo que protege el empleo y las formas de sustento, al mismo tiempo que cumplimos nuestro compromiso con Irlanda del Norte" y se mantiene la soberanía parlamentaria del país, afirmó.

El texto acordado admite no obstante que, si el Parlamento de Londres rechazara la armonización normativa, el Reino Unido podría perder "acceso al mercado" y habría consecuencias también para las fronteras y los acuerdos de seguridad.

El Gobierno de May también propone poner en marcha un sistema de aduanas llamado "dispositivo aduanero facilitado", que evitaría los controles fronterizos en ese área común, de modo que el Reino Unido aplicaría sus tarifas y políticas comerciales a los bienes destinados a su territorio y las comunitarias a los que se dirigieran a la UE.

Esto, según la primera ministra, permitiría al Reino Unido forjar acuerdos comerciales con terceros países.

Londres quiere mantener fuera del acuerdo de libre comercio propuesto al sector de los servicios, pues piensa que es el que más puede expandirse mediante futuros tratados comerciales.

El Reino Unido propone además crear un "marco institucional conjunto" que asegure la "interpretación y aplicación consistente" de los acuerdos bilaterales británico-comunitarios, que tendría en cuenta la jurisprudencia del Tribunal europeo de Justicia e incluiría mecanismos de resolución de disputas.

Según el texto consensuado, se pondría fin a la libertad de movimiento, si bien se introduciría "un marco de movilidad" para asegurar que los ciudadanos británicos y comunitarios pueden seguir viajando y estudiando en los respectivos territorios.

Previamente, el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, afirmó en un acto en Bruselas que podría "adaptar" su posición si el Reino Unido cambia sus "líneas rojas" respecto al mercado único, la unión

aduanera y el Tribunal europeo de Justicia, aunque subrayó que "queda poco tiempo".

Barnier indicó que responderá a la posición británica cuando se le presente formalmente en un Libro Blanco que Londres prevé enviar la semana próxima, pero advirtió de que en ningún caso "se dañará al mercado único".

Además del plan acordado hoy, el Gobierno de Londres decidió "acelerar los preparativos" para el caso de que no se llegue a un acuerdo con la UE sobre la futura relación bilateral para la fecha límite del Consejo Europeo del próximo octubre.