"Hoy España defiende la inmunidad de jurisdicción de cortes, tribunales y jueces españoles ante la Justicia belga", declaró tras la segunda audiencia del caso el abogado Hakim Boularbah, quien representa en este proceso civil al Estado español y al magistrado español que instruyó la causa del 1-O. Las partes tendrán ahora cuatro semanas para presentar sus alegatos por escrito ante el tribunal, que deberá tomar su decisión en un plazo máximo de seis semanas.
El tribunal notificará por escrito a las partes si acuerda una audiencia para debatir oralmente sobre las competencias de la justicia belga exclusivamente, como solicita la defensa, o si en esa vista se abordará directamente el fondo del asunto, como reclamanPuigdemonty los exconsejerosClara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig yMeritxell Serret.
"Los demandantes y el juez Llarena y el Reino de España no están de acuerdo sobre el calendario del procedimiento. Los demandantes quieren intercambiar conclusiones escritas sobre la responsabilidad, sobre el fondo del dossier, mientras que eljuez Llarena y el Reino de España consideran que primero el tribunal debe decidir sobre la jurisdicción", explicó Boularbah.
Los denunciantes reclaman un euro simbólico porque consideran que unas declaraciones el pasado febrero del juez instructor de la causa del 1-O en Oviedo vulneran su presunción de inocencia. "Creemos que sí es competente, porque no se está enjuiciando a un magistrado del Supremo sino a un señor que se llama Pablo Llarena que hizo unas manifestaciones privadas fuera del ámbito de su jurisdicción", declaró tras la vista el coordinador de la estrategia legal de Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye.
Una vez el tribunal tome la decisión sobre qué debatir primero, fijará la fecha de la próxima vista, la tercera del caso tras una primera audiencia de introducción el pasado 4 de septiembre y la segunda celebrada este martes. La decisión final recaerá sobre tres magistrados de la Sala 75 del tribunal y no solo uno, como es habitual en ese juzgado acostumbrado a dirimir disputas vecinales, según confirmó hoy la jueza Anne Dessy, a cargo de la segunda vista de este martes.
Fue la defensa de España y de Llarena la que solicitó atribuir tres magistrados a la causa ante la complejidad del caso, extremo que aceptó la representación legal de los demandantes, que encabezan en Bélgica los letrados Paul Bekaert y Christophe Marchand. "Estamos contentos de que sea una cámara de tres jueces, creemos que es lo mejor para un caso de estas características", añadió Boye como portavoz de la estrategia legal de los letrados de los políticos independentistas.
En cualquier caso, la siguiente vista oral, sea sobre las competencias del tribunal o sobre el fondo de la causa, no tendrá lugar antes de febrero o marzo de 2019, según los letrados de ambas partes. El juez Llarena no tendrá obligación de presentarse en los juzgados de Bruselas durante todo el proceso, según el abogado del despacho Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick que le representa en este proceso civil en Bélgica.
La estrategia general de la defensa, no obstante, recae sobre la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y su equipo. El proceso en primera instancia en Bélgica podría demorarse varios meses o hasta un año, según varios expertos en Derecho Civil belga consultados por Efe.