Según las informaciones recogidas por el diario egipcio 'Al Ahram', entre los condenados figuran los altos cargos del grupo Essam al Erian, Mohamed Beltagi y Uagdi Ghoneim, mientras que el líder espiritual del grupo, Mohamed Badie, ha sido sentenciado a cadena perpetua junto a otras 47 personas.
Los más de 730 acusados en el juicio están acusados de participar en la acampada en la plaza cairota de Rabaa al Adawiya, asesinato, cortar carreteras, y limitar la libertad de movimientos de la población. Los sentenciados tienen ahora 60 días para apelar el fallo.
Entre los condenados figura además el fotoperiodista Mahmud Abú Zeid, conocido como 'Shaukan', quien ha sido sentenciado a cinco años de cárcel que ya ha cumplido a la espera del veredicto, por lo que podría ser liberado próximamente.
Najia Bounaim, directora de Amnistía Internacional para Norte de África, ha valorado que el juicio ha sido "una desgracia" y ha condenado las sentencias "en los términos más firmes". "La condena a muerte nunca debe ser una opción, bajo ninguna circunstancia", ha sostenido.
"El hecho de que ningún oficial de la Policía haya rendido cuentas por la muerte de al menos 900 personas en las protestas en Rabaa al Adawiya y Nahda muestra que este juicio ha sido una burla a la justicia", ha valorado. Por ello, ha recalcado que "las autoridades egipcias deberían estar avergonzadas", al tiempo que ha pedido que el juicio sea repetido ante un tribunal "imparcial" y que respete el derecho a un juicio justo, sin recurrir a la pena de muerte.
En el caso de 'Saukan', Bounaim ha recordado que el fotoperiodista "ya ha pasado más de cinco años en prisión sólo por hacer su trabajo (...) y documentar la brutalidad policial que tuvo lugar ese día". "Los desgraciados ataques de las autoridades egipcias contra la libertad de prensa y expresión deben terminar, y deben liberar a 'Shaukan' de forma inmediata e incondicional. Es un preso de conciencia, detenido únicamente por realizar su trabajo periodístico", ha añadido.
Las acampadas
Las acampadas en Rabaa al Adawiya y Nahda, levantadas para protestar contra el golpe de Estado contra Mursi --liderado por el entonces jefe del Ejército y actual presidente, Abdelfatá al Sisi--, fueron asaltadas por las fuerzas de seguridad. Las operaciones se saldaron con la muerte de al menos 1.150 personas, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW), si bien el Gobierno solo reconoce alrededor de 900, entre ellos más de una decena de agentes de la Policía.
Las autoridades surgidas tras el golpe declararon a Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, incrementando su presión contra el grupo y sus miembros y simpatizantes. La campaña, dirigida también contra activistas opositores, se ha saldado por el momento con miles de encarcelados y condenados por diversos cargos en juicios que han sido denunciados por las ONG internacionales por su falta de transparencia.