El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto anunciar este martes el fin del plan conocido como DACA, promulgado por Barack Obama y que ha protegido de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados, aunque la suspensión se retrasará seis meses para que el Congreso busque una alternativa.
La cadena conservadora Fox ya anticipó la semana pasada el fin de DACA y el diario Politico fue el primero en informar este domingo de ese plazo de seis meses que prevé dar Trump al Congreso para negociar y aprobar una alternativa legislativa para los beneficiarios del programa. Altos asesores de la Casa Blanca se reunieron este domingo para preparar los detalles del anuncio sobre el futuro de DACA, que está previsto para este martes.
Fuentes de la Casa Blanca no han querido confirmar la decisión de Donald Trump ni los detalles y únicamente han reafirmado que el anuncio oficial será este martes. Más allá de darse por hecho que Trump va a eliminar el programa y urgir al Congreso a buscar una solución, no hay muchas pistas por ahora sobre qué pasará si en seis meses no se ha logrado una alternativa legislativa a DACA o qué les ocurrirá a los beneficiarios cuyos permisos expiren antes de ese plazo.
El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue promulgado por una orden ejecutiva del entonces presidente Obama en 2012 y gracias a él unos 800.000 jóvenes indocumentados han podido frenar su expulsión de EEUU, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir. Tres cuartas partes de los beneficiarios del programa tienen nacionalidad mexicana.
Para acceder a los beneficios de DACA y evitar la deportación, los jóvenes indocumentados tuvieron que probar que habían llegado a EEUU antes de los 16 años, en muchos casos siendo niños y junto a sus padres, que no tenían antecedentes penales y que estaban estudiando en el instituto o en la universidad.
La eliminación de DACA desembocará en la deportación de 685.000 trabajadores, lo que provocará una pérdida de más de 460.300 millones de dólares para el producto interior bruto (PIB) de EEUU en la próxima década, según un estudio del Center for American Progress.
Varios republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, Paul Ryan, numerosos demócratas, líderes empresariales y activistas han urgido a Trump a mantener DACA. El senador demócrata y ex aspirante presidencial Bernie Sanders subrayó en su cuenta de Twitter que, si finalmente Trump acaba con DACA, será una de las decisiones "más crueles jamás tomadas por un presidente" en la historia moderna de EEUU.
En el extremo opuesto, el legislador republicano Steve King, conocido por su oposición frontal a la inmigración ilegal, urgió también en Twitter al mandatario a terminar con DACA de manera inmediata, sin ninguna demora de seis meses.
Poner fin a DACA fue una de las promesas de campaña de Trump y sus seguidores más radicales apoyan el fin de ese programa, al igual que miembros destacados de su gabinete como el fiscal general, Jeff Sessions. Trump puede acabar con DACA mediante una orden ejecutiva, el mismo mecanismo que Obama usó para promulgar el plan en 2012 con carácter temporal, pues el Congreso es el único que tiene capacidad para aprobar leyes y cambiar el sistema migratorio de Estados Unidos.
Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con DACA, aunque posteriormente, ya desde la Casa Blanca, reconoció que ese era "uno de los temas más difíciles" a los que tenía que hacer frente durante su Presidencia y aseguró que lo encararía "con corazón".
Sobre si los 'dreamers' (soñadores), como se conoce a los jóvenes protegidos por DACA, deben estar preocupados, Trump comentó la semana pasada: "Amamos a los 'dreamers'. Amamos a todo el mundo. Creemos que los 'dreamers' son fantásticos".
En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, señaló que el presidente estaba trabajando "en la mejor decisión posible" sobre DACA. El mandatario ha recibido una gran presión para acabar con DACA por parte de fiscales generales de diez estados conservadores, encabezados por Texas y que amenazaron con interponer antes de este martes, 5 de septiembre, una demanda contra el Gobierno si no deroga el programa.
El fiscal general de Tennessee, el republicano Herbert Slatery, formaba parte del grupo que había amenazado a Trump, pero la semana pasada anunció que se retiraba debido a que considera que hay "un elemento humano" en DACA que debería tenerse en cuenta.
