En la votación celebrada esta madrugada, el Gobierno griego logró el apoyo mayoritario de los diputados para sentarse a la mesa con los socios de la Eurozona.
Ahora es el momento, como señaló Tsipras en su discurso ante la Cámara, de que se inicien las negociaciones que ambas partes han apostado por concluir a mediados de agosto.
Aunque fuentes comunitarias ven muy ambicioso este calendario, es en esas fechas cuando Grecia debe hacer frente a nuevos vencimientos de préstamos con el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y necesitará financiación adicional.
El crédito ya concedido por la Unión Europea para hacer frente a los pagos más urgentes, algo más de 7.000 millones de euros, ya se ha utilizado para saldar deudas pendientes y no alcanza para las nuevas devoluciones.
Aunque la ley ha conseguido luz verde del Parlamento, no ha servido para zanjar el conflicto interno en Syriza, que se desató tras el pacto alcanzado con la eurozona en la cumbre del 13 de julio.
Esta vez fueron menos los diputados que rechazaron las medidas respecto a la sesión anterior, pero aún así el número de disidentes llegó hasta los 36.
Como ya desveló la votación del miércoles pasado, la división en el seno de Syriza respecto a cómo el Gobierno debe gestionar su relación con la eurozona es amplia.
Todo apunta a que por el momento el Ejecutivo seguirá con las negociaciones para pactar el tercer programa, pero la calma está lejos de instaurarse.
Tras la convulsa votación, Tsipras se reunió hoy con la presidenta del Parlamento, Zoé Konstandopulu, quien votó en contra de las reformas y además se negó a presidir la sesión, como ya hizo la semana pasada.
A su salida del palacio presidencial, Konstandopulu dijo que coincide con Tsipras en la necesidad de salvaguardar la unidad de la izquierda.
Según fuentes gubernamentales, el primer ministro expresó a la presidenta del Parlamento "su preocupación sobre los problemas institucionales que provoca su respetado desacuerdo hacia la política colectiva del Gobierno, que la mayoría parlamentaria apoya".
El Ejecutivo prefiere no pronunciarse sobre la pérdida de apoyos, lo que algunos analistas interpretan como su deseo de no desatar una batalla abierta contra la Plataforma de Izquierda, la corriente radical del partido, lo que situaría a los afines a Tsipras en una posición más débil en el comité central de la formación.
