La última reunión, celebrada este domingo, duró solo hora y media, el tiempo que tardaron los embajadores de la Unión Europea en constatar el bloqueo debido a las reservas todavía de países como Hungría, Eslovaquia o la República Checa.
Durante el fin de semana se han producido avances pero todavía no hay acuerdo por las dificultades que plantea para algunos socios su dependencia del crudo de Moscú.
La propuesta original de la Comisión Europea contempla un plazo genérico de entrada en vigor del embargo al petróleo ruso hasta final de año y un año más para Budapest y Bratislava, Praga lo que pide es incluso un periodo transitorio de tres años.
Esta semana se seguirá negociando, en palabras de fuentes comunitarias, queda trabajo por delante para cerrar este acuerdo.
El objetivo del club europeo, por tanto, es proseguir con los contactos "a todos los niveles" a comienzos de la próxima semana para conseguir "lo más rápidamente posible" un acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones.
La propuesta del Ejecutivo comunitario, presentada el miércoles, aspira a prohibir las importaciones de petróleo ruso en la UE seis meses después de la entrada en vigor de las sanciones, mientras que en el caso del petróleo refinado el plazo se amplía a ocho meses.
Las sanciones vetarían la asistencia técnica
Las sanciones también vetarían toda posible asistencia técnica, directa o indirecta y todo servicio de intermediación, incluida la financiera y los seguros, que estén relacionados con la prohibición al petróleo ruso.
Además, para evitar que los petroleros rusos puedan esquivar las sanciones, el texto pide prohibir el transporte de petróleo ruso en todas sus modalidades, incluidas las trasferencias de carga "de barco a barco" de naves rusas a cargueros de otro pabellón.
Por otro lado, Bruselas propone añadir a la lista de bancos rusos excluidos del sistema internacional de transacciones Swift a Sberbank, el mayor del país, así como al Banco Agrícola de Rusia, participado al cien por cien por el Estado, y al Banco de Crédito de Moscú.
Bruselas ha propuesto también sancionar a individuos, como al coronel ruso conocido como "el carnicero de Bucha" o el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, y a una veintena de empresas vinculadas al Ministerio de Defensa o el Ejército ruso, así como a tres medios de comunicación.
