Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE fijaron sus líneas rojas en la negociación que mantendrán este viernes con Turquía para cerrar un pacto que permita la devolución a este país de inmigrantes irregulares y refugiados llegados a Grecia sin infringir la legalidad. Los líderes encargaron a los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al primer ministro holandés, Mark Rutte, cuyo país ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE, que negocien en nombre de los Veintiocho con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, desde primera hora de la mañana.
"El acuerdo es posible, pero todavía muy difícil", reconoció Rutte a su salida de la reunión. Los negociadores de la UE y Davutoglu trabajarán sobre la base del último borrador de la declaración conjunta para el acuerdo. Algunos Estados miembros expresaron reservas sobre la legalidad del acuerdo tal y cómo está planteado, así como de otros puntos del mismo, informaron fuentes comunitarias, que aseguraron que han quedado claras cuáles son las líneas rojas que la UE no está dispuesta a cruzar en su negociación con Turquía.
Una de las cuestiones más espinosas y con menos posibilidades de progresar es la relativa a la apertura de capítulos del proceso de adhesión de Turquía a la UE, a la que se opone Nicosia a menos que Ankara reconozca a Chipre. Ambos países mantienen una disputa histórica a raíz de la ocupación turca del norte de Chipre en 1974.
El proyecto de acuerdo menciona las preparaciones de una decisión para la apertura de nuevos capítulos, pero no cita cuáles específicamente ni cuándo. La segunda cuestión polémica tiene que ver con la intención de adelantar a junio la liberalización de visados a ciudadanos turcos, a la que países como Francia se han mostrado particularmente reticentes puesto que abriría las puertas de la UE a 78 millones de personas. El presidente francés, François Hollande, recalcó que para que se produzca la liberalización de visados Turquía debe cumplir 72 requisitos ya establecidos. "No habrá liberalización si esos criterios no son respetados", aseguró.
El primer ministro belga, Charles Michel, por su parte, propuso vincular la readmisión de refugiados con el proceso de liberalización de visados, de manera que exista un "freno de emergencia" si Turquía no se ajusta al derecho internacional en materia de asilo. Según el preacuerdo del 7 de marzo con Turquía, el avance en visados y adhesión se sumaría al compromiso de la UE de agilizar el desembolso de 3.000 millones de euros de ayuda para refugiados y a considerar nueva financiación cuando este monto inicial se agote.
El borrador de acuerdo apunta a que la UE está "dispuesta a decidir" sobre una ayuda adicional de un máximo de otros 3.000 millones de euros hasta finales de 2018. A cambio, Ankara acepta la devolución de todos los inmigrantes irregulares (incluidos los demandantes de asilo) nuevos que lleguen a Grecia, siempre que el bloque comunitario facilite la llegada a la UE por vías legales de un sirio por cada compatriota llegado a Turquía.
Este mecanismo puede parecer de entrada incoherente, pero la UE insiste en que ayudará a poner fin al negocio de las mafias y a disuadir a las personas de jugarse al vida en el mar Egeo, que además serían puestas al final de la lista para ser acogidas.
Su reparto entre Estados miembros se haría sobre la base del compromiso voluntario de reasentamiento de refugiados de países terceros, para los que podría haber un total de hasta 72.000 plazas.
La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que todos los líderes "coincidieron en que hay que hacer todos los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Turquía", pero recalcó que la condición absoluta es que se cumpla el Derecho europeo e internacional. El acuerdo plantea serias dudas porque no está claro que Turquía pueda considerarse un "país tercero seguro" al que devolver a los refugiados, puesto que no cumple plenamente la Convención de Ginebra sobre asilo.
La UE asegura que Ankara se ha mostrado dispuesta a introducir cambios en su legislación para adaptarse a los requisitos. La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, reconoció que el pacto no solo está "en el límite de la legislación internacional" sino que es "difícil de implementar".
La devolución de refugiados generará un enorme reto logístico para Grecia, y requerirá el despliegue en el país de miles de jueces y cientos de funcionarios de los Estados miembros para tramitar las solicitudes, así como la ayuda de las agencias comunitarias Frontex y EASO, que se podría costear en parte con 700 millones de euros del presupuesto comunitario.
