Los venezolanos están llamados este domingo a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente que ha convocado el presidente, Nicolás Maduro, con el objetivo de recuperar la paz social, un proceso que ha suscitado la crítica interna -incluso 'chavista'- e internacional y ha alejado aún más la posibilidad de alcanzar una solución negociada a la crisis que arrastra el país.
De las elecciones de este 30 de julio saldrán las 545 personas que formarán la Asamblea Constituyente con el encargo de redactar una nueva Carta Magna que sustituirá a la promulgada en 1999 bajo la Presidencia de Hugo Chávez. "Es una de las mejores del mundo. Está blindada de cualquier capricho personal", dijo entonces el líder 'bolivariano'.
Sin embargo, la convocatoria de esta Asamblea Constituyente ha despertado las encendidas críticas de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -coalición opositora-, de conocidos 'chavistas', como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y de la comunidad internacional por cómo se ha llegado a este punto.
Maduro convocó el 1 de mayo la Asamblea Constituyente y descartó celebrar un referéndum, algo que sí hizo su antecesor hace 18 años. Para la MUD y para la fiscal general es ilegal porque, de acuerdo con la Carta Magna, solo el pueblo, como "depositario del Poder Constituyente", "puede convocar". El oficialismo, por su parte, se agarra a que la Constitución concede al presidente "la iniciativa de convocatoria".
Otra de las innovaciones de Maduro es que los 545 escaños no se repartirán en base a las circunscripciones electorales habituales, sino que están distribuidos por territorios y sectores. En principio, los electores podrán emitir dos votos, uno por territorio y otro por sector, pero quienes no estén representados en los sectores solo tendrán uno.
Así, de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, 364 tendrán carácter territorial y 173 serán elegidos de entre determinados sectores sociales -trabajadores (79), pensionistas (28), representantes comunales (24), estudiantes (24), campesinos (8), empresarios (5) y personas discapacitadas (5)- a los que se suman 8 representantes indígenas.
La MUD ha denunciado que este diseño favorece el dominio oficialista de la futura cámara porque la distribución territorial se ha hecho por municipio sin tener en cuenta el número de habitantes, algo que beneficia a las zonas rurales, de tendencia 'chavista', frente a las ciudades, donde la adhesión al Gobierno ha comenzado a diluirse.
Además, la oposición ha advertido de que los sectores elegidos son de marcado carácter oficialista debido a que muchos dependen directamente del Gobierno por las ayudas sociales que reciben o porque su cargo es de creación 'chavista', como en el caso de los representantes comunales.
A ello se suman las denuncias por presiones a los votantes sectoriales. El propio Maduro ha ordenado censar a los funcionarios para garantizar que acuden a las urnas. "Si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 , sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, alcaldía por alcaldía", dijo.
En este contexto, la MUD ha optado por el boicot y no ha presentado ningún candidato, por lo que los más de 6.000 aspirantes registrados proceden en su totalidad del 'chavismo'. Entre ellos hay nombres relevantes, como el hijo de Maduro; la primera dama, Cilia Flores; y el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.
Poder absoluto
Maduro ha argumentado que la convocatoria de la Asamblea Constituyente es "un deber histórico ineludible" que tiene "la finalidad primordial de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas actuales, en las que severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos se ciernen sobre el orden constitucional".
El jefe de Estado plantea la Asamblea Constituyente como la salida a la crisis que atraviesa Venezuela desde hace años y que se agravó el pasado marzo con unas polémicas sentencias del Tribunal Supremo que despojaron al Parlamento -controlado por la MUD- de sus poderes, lo que desencadenó una serie de manifestaciones que han sido duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando más de cien muertos y miles de detenidos.
La meta, ha indicado, es "una reorganización del Estado que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos", tras una etapa marcada por el enfrentamiento constante entre el Gobierno y el Parlamento que el Supremo ha dirimido siempre a favor del Palacio de Miraflores, hasta el punto de declarar en "desacato" a los actuales diputados.
La MUD, en cambio, alerta de que el verdadero propósito de Maduro es recuperar el poder absoluto que el 'chavismo' perdió en las elecciones parlamentarias de 2015, no solo porque confeccionará una Constitución a su medida, sino porque la Asamblea Constituyente se situará por encima de los demás poderes del Estado.
"En el oficialismo les interesa tener un órgano de poder supranacional que les permita por fin gobernar sin restricciones bajo un manto de supuesta legalidad. Esta sería la dictadura, no de un individuo, sino de un grupo, una mafia. Ahí es donde quieren llegar", ha dicho Jesús 'Chúo' Torrealba, ex secretario ejecutivo de la MUD.
