Trump firmó el pasado lunes una orden ejecutiva para burlar el bloqueo judicial contra la dictada el pasado 27 de enero, que prohibía la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes y fue suspendida por no respetar las garantías legales.
En esta segunda orden ejecutiva, Trump ha descartado a Irak pero ha mantenido el veto para los ciudadanos de Irán, Siria, Libia, Yemen, Sudán y Somalia. La prohibición durará 90 días, el plazo que se da el Gobierno para estudiar medidas con las que mejorar los controles de seguridad.
El primero en recurrirla fue Hawai, que el miércoles solicitó una suspensión de la nueva orden esgrimiendo que somete a "un trato discriminatorio" a la población musulmana y dañará la industria turística del estado norteamericano.
El fiscal general de Washington, Robert Ferguson, ha anunciado este jueves en rueda de prensa que se sumará a los esfuerzos de Hawai porque considera que la suspensión aplicada a la primera orden afecta también a la segunda aunque se refiere a "un grupo más pequeño de gente". "La última orden ejecutiva del presidente Trump es un veto musulmán con otro nombre" que "persigue los mismos resultados inconstitucionales e ilegales que la original", ha dicho el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, anunciando así que se suma a la causa judicial. "La segunda prohibición de viaje de Trump sigue siendo discriminatoria, inconstitucional y un intento de cumplir su promesa de campaña de vetar a los musulmanes", ha espetado, por su parte, la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, que también interpondrá un recurso.
