La Asociación de Fiscales (AF) no se rinde ante la negativa del Fiscal General del Estado a brindar un apoyo institucional a la carrera frente a las acusaciones de Lawfare o politización de la justicia incluidas en el pacto de investidura PSOE-Junts.
En un escrito dirigido a la Fiscal Jefa Inspectora, encargada de elaborar el orden del día de los plenos del Consejo Fiscal, los seis vocales que representan a la AF en dicho órgano han solicitado que en la próxima reunión ordinaria se incluya un punto para la aprobación de una declaración institucional de “expreso amparo” ante las insinuaciones de Lawfare.
A estos seis vocales también se les unirá el vocal representante de APIF, según las fuentes consultadas por Onda Cero. De esta forma, de llegar a votarse, la Declaración tiene todos los visos de prosperar, ya que obtendría, previsiblemente, al menos siete votos frente a los cinco de los vocales situados en la órbita de Álvaro García Ortiz.
Según el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, los vocales piden que se apruebe un “reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado "procés", realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política”.
De este modo, lograrían que el Consejo fiscal, órgano asesor del Fiscal General que preside él mismo, otorgue el respaldo institucional al que se negó el propio García Ortiz, quien como toda respuesta a la petición de amparo de los fiscales del procés remitió un escrito que ignoraba el término Lawfare e instaba a no valorar la Ley de la Amnistía hasta que no estuviera promulgada.
Inclusión obligada
Los vocales que firman esta petición recuerdan que el Estatuto Fiscal obliga a incluir en el orden del día un asunto cuando se le requiere un mínimo de cuatro miembros.
“Con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts en fecha 9 de noviembre de 2023 y el registro ante la Mesa del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los Fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición”, señala el escrito.
Los vocales de la AF, asociación mayoritaria en la carrera fiscal y de ámbito conservador, ponen como ejemplo un episodio que padeció el teniente fiscal de Cataluña Padro Ariche el pasado 16 de noviembre en la Comisión de Justicia del Parlament de Cataluña: “El diputado de Junts Joaquim Jubert se dirigió a él acusándole públicamente de vulnerar la presunción de inocencia en su actividad profesional”.
“El cuestionamiento de la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad de los Fiscales se extiende a lo largo de toda la Carrera Fiscal, desde los Fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en los procedimientos celebrados ante la Sala Segunda, pasando por las Fiscalías ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o del Tribunal de Cuentas y llegando a todas las Fiscalías de Cataluña, que asumen la llevanza de los distintos procedimientos, desde la fase de instrucción hasta la de ejecución”, sostiene el escrito.
Y además alcanza, según los firmantes, a la propia Fiscalía General, que “ha tenido conocimiento, supervisado y convenido en cada actuación realizada en estos procedimientos, garantizando con ello el principio de unidad de actuación”. Califican de inaceptable que se atribuya de forma “gratuita e infundada” a estos fiscales una desviación del ejercicio de las funciones que “nos son propias como integrantes del Poder Judicial con el fin de servir a un supuesto propósito de judicialización de la política”.
El consejero que representa a APIF Salvador Viada tiene intención de adherirse a esta petición que firman los vocales de la AI en el Consejo Fiscal Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Más, Miguel Rodríguez Marcos, Beatriz Sánchez Carreras y Roberto Valverde Megías.
La iniciativa se suma al escrito de 18 fiscales de Sala del Tribunal Supremo en apoyo a sus compañeros del procès que reprocha a García Ortiz"falta de voluntad de salir al paso de las injuriosas insinuaciones sobre estos miembros del Ministerio Público.
La separación e injerencia de los poderes del Estado
En la carta dirigida el pasado 16 de noviembre a los fiscales del procès y a todos los miembros de la carrera fiscal, Álvaro García Ortiz pedía respeto al principio de separación de poderes e instaba a evitar cualquier injerencia "en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado". Además, pedía respeto a las instituciones constitucionales y que los fiscales no se posicionaran frente a la Ley de amnistía hasta que esté promulgada .
"Cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto de una futura amnistía de los hechos acaecidos en Cataluña en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado", señala la misiva.
