Ocho de cada diez abusos sexuales contra la infancia los comete alguna persona conocida de la víctima. Lo ha publicado Save The Children en un informe llamado 'Por una justicia a la altura de la infancia', en la que ha analizado casi 400 sentencias judiciales de casos de este tipo en España.
La organización alerta de que el abuso sexual es "una de las formas graves de violencia contra la infancia y la adolescencia" y de que es, además, "una de las más ocultas". "Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse", ha explicado la directora de incidencia social y política de Save The Children, Catalina Perazzo.
El informe describe, también, el perfil del agresor, que en un 40% de los casos es un familiar y en un 42% un conocido no familiar. No se detalla ni la edad media ni el sexo, aunque sí señala que principalmente suelen ser el padre o la pareja de la madre. La gran mayoría de los abusadores (el 96%) no tiene antecedentes penales relacionados con violencia sexual.
El estudio señala, además, que la edad media a la que empiezan los abusos son los once años y que en un 80% de los casos la víctima es una niña o adolescente.
Los procesos cada vez son más largos
Según el estudio, la duración de los procesos ha aumentado con respecto al periodo analizado anterior. Antes, el 67% de los procesos se habían resuelto en dos años, pero ese porcentaje ha descendido ahora hasta el 23,5%.
Los datos indican que hay víctimas que han tenido que declarar más de una vez, y algunas, incluso, han tenido que hacerlo hasta tres veces antes del juicio (policía, fiscalía y juzgado). En 56 de los casi 400 casos analizados, el acusado terminó absuelto.
Piden una ley específica para estos casos
Save The Children pide al Gobierno que desarrolle una legislación específica para que exista una justicia especializada en violencia contra la infancia.
Para ello, pide la implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia; la creación de una Fiscalía específica que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima; la formación de todos los operadores jurídicos y asistencia jurídica a las víctimas, desde el inicio hasta el final del proceso asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley.
También piden la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de que la víctima no tenga que repetir su declaración en varias ocasiones.
