Esta mujer de 62 años, con dos hijos y tres nietos menores de edad a su cargo, ingresa en la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, para cumplir la condena que le impuso en 2012 un Juzgado de lo Penal de Puerto del Rosario: seis meses de cárcel, 700 euros de multa (ya pagados) y la demolición la vivienda que levantó en unos terrenos heredados de su familia en el Parque Rural de Betancuria.
La "abuela de Fuerteventura", como ya se la conoce, tenía que haber entrado en prisión el pasado viernes, pero sufrió un desmayo cuando se dirigía la cárcel, fruto de la ansiedad y de una subida de tensión, y terminó en las urgencias del hospital de la isla.
Para ella y su familia, el fin de semana ha sido largo, con un constante ir y venir del hospital con brotes de ansiedad, con su cuadro de hipertensión y diabetes dando sustos y, sobre todo, con la incertidumbre de si podría llegar respuesta a alguno de los recursos que pedían suspender su entrada en prisión.
A media mañana de este lunes, la Junta de Portavoces del Cabildo de Fuerteventura demandó de forma unánime que no entrara en prisión, que se le conceda el indulto y que se busque la posibilidad de asignarle una vivienda social en alquiler.
Con ello, Josefa podría demoler su casa ilegal, sin dejar sin techo a los cinco familiares que dependen de ella: un hijo parado, una hija con discapacidad mental y tres nietos menores.
Minutos después, el PP de Canarias aseguraba que su presidente y el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya había contactado con su colega de Justicia, Rafael Catalá, para interesarse por que su solicitud de indulto se tramite lo antes posible.
Ajena al revuelo mediático que en esos momentos se vivía en Puerto del Rosario, Josefa, medicada para poder viajar hasta Lanzarote, apuraba sus últimas horas en libertad en compañía de sus hijos y nietos, algunos llegados estos días desde Gran Canaria.
Pasadas las 11.00 de la mañana, Josefa dejaba su casa de Aguas Verdes rumbo a Corralejo. Esta vez no hubo ni besos ni abrazos a sus hijos y nietos, solo un "adiós" y la promesa de sus hijas de que en unos días volverán a estar todos juntos.
La matriarca de los Hernández abandonó la polémica vivienda junto a dos de sus hijas y el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente), rumbo al puerto de Corralejo, donde se le unieron el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales (CC), y los consejeros insulares de Podemos Andrés Briansó y Gustavo García.
Nada más llegar a Corralejo, su hija Minerva Zerpa ha pedido, a través de la prensa, que alguien les escuche: "Espero que mi madre salga de prisión, porque con 62 años no tiene que estar dentro".
Minerva, la hija que durante dos días permaneció junto a Josefa en huelga de hambre delante de la Delegación del Gobierno en la isla, no ha ocultado la emoción por la solidaridad que ha demostrado el pueblo majorero y el resto del territorio español con su madre.
"Se supone que en España hay justicia por tanto, en algún momento, tiene que llegar, tarde pero espero que llegue porque lo único que ha hecho es construir en su terreno, sacar siete hijos adelante, tres nietos a su cargo y trabajar para tener su casa", ha alegado su hija.
Minutos antes de las 14.00, Josefa se subía al barco que la llevaría hasta Lanzarote. En el muelle, el presidente del Cabildo de Fuerteventura Marcial Morales ha vuelto a repetir que se estaba viviendo "una tremenda injusticia, la de meter a una persona en prisión simplemente por ser pobre".
El barco salió a su hora rumbo a Lanzarote y después de llegar a Playa Blanca, Hernández partió hacia la cárcel de Tahíche, donde ha entrado pasadas las 15.35 horas (hora canaria) acompañada de sus dos hijas, Marcelino Cerdeña y Marcial Morales.
Las últimas palabras de la abuela Josefa antes de entrar al penal han vuelto a tener a sus nietos como protagonistas: "Lo único que me preocupa es que dejo a tres niños un poco desamparados".
