La reforma del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual sobre la que el Gobierno de Pedro Sánchez llevaba trabajando desde 2020, entró finalmente en vigor el pasado viernes 7 de octubre. Sin embargo, la conocida como ley del 'Sólo sí es sí' ha generado mucha polémica al estar teniendo el efecto contrario al esperado por el Ejecutivo.
El Ministerio de Igualdad, principal impulsor de esta ley, pretendía convertir con este cambio cualquier acto sexual sin consentimiento en el delito de "agresión sexual". De esta manera, los abusos sexuales que hasta ahora sí que estaban contemplados en el Código Penal, han desaparecido para ser calificados como agresiones sexuales.
E indican en el nuevo texto que únicamente "se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
El problema ha surgido tras la aprobación de la ley que a pesar de que la intención era endurecer los delitos de abusos sexuales, ha abierto la horquilla a la reducción de las condenas de agresores sexuales. El artículo 178 de la ley publicada en el BOE dispone que "será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento".
Y aunque la ley también incluye agravantes que aumentarían los años de cárcel, como por ejemplo, cuando "la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías", muchos de los condenados por delitos de agresiones sexuales, incluidos a menores, ya se han visto beneficiados por la ley del 'Sólo sí es sí' capitaneada por Irene Monero.
¿Por qué se están rebajando las condenas a los agresores sexuales?
Según ha explicado el abogado penalista y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra José María de Pablo a través de su cuenta de Twitter, las rebajas de las condenas a agresores sexuales se están produciendo porque el Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos "olvidó incluir la habitual Disposición Transitoria que limite los casos de posible revisión de condenas".
Las advertencias que recibió el Gobierno sobre la ley del 'solo sí es sí'
Sin embargo, durante todo el trámite que ha tenido durante estos dos años la reforma de la ley, el Gobierno recibió varios avisos de que los errores que contenía podrían llevar a la reducción de condenas. Pero el Ejecutivo hizo caso omiso.
En febrero de 2021 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió que "la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que 'tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena'".
En la práctica lo que va a suponer es una rebaja en las penas de los delitos más graves
Aviso sobre el que volvió a incidir la diputada del Partido Popular Marta González Vázquez: "Una vez más tenemos que recordad que realmente, en la práctica lo que va a suponer es una rebaja en las penas de los delitos más graves, algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que al final será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud".
Sin embargo, el Ministerio de Igualdad no es el único responsable del error de esta ley, ya que trabajó conjuntamente con el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Juan Carlos Campo; fue aprobado por el Consejo de Ministros (entre los que se encuentran varios juristas); obtuvo el visto bueno por unanimidad del Consejo Fiscal y finalmente se aprobó en el Congreso de los Diputados por 250 votos a favor, 141 en contra (PP y Vox) y tres abstenciones de la CUP.
Piden la dimisión de Irene Montero
Ahora, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exige la inmediata dimisión de la ministra Montero, después de que la titular de Igualdad haya acusado a los jueces de "machistas" por aplicar la ley y rebajar las condenas a los agresores sexuales.
En concreto Irene Montero aseguró que "el machismo puede hacer que haya jueces que interpreten erróneamente la ley". Consideran la declaración de la ministra como "ofensiva" y censuran que estén creando un prejuicio generalizado en el Poder Judicial.
