Las víctimas de la talidomida han pedido a médicos y farmecéuticos un boicot a los productos de la multinacional Grümenthal para exigir que repare el daño que ha causado. Es su respuesta a la sentencia del Supremo que les ha denegado las indemnizaciones que reclamaban.
Este asunto ha llegado al Congreso con una interpelación al ministro de Sanidad. Alfonso Alonso ha mostrado su desacuerdo con la sentencia y cree que los afectados deberían recibir esas indemnizaciones.
El ministro ha mostrado no sólo esa solidaridad con los afectados, sino también su disposición a estudiar una evaluación de víctimas que recoja todos los que sufrieron los efectos secundarios de la talidomida en los años 60.
Alfonso Alonso insiste en que el laboratorio alemán tuvo una actuación indigna y que los enfermos españoles han sido discriminados respecto a los de otros países. Por eso no comparte la decisión judicial.
"La Fiscalía defendió indemnizar a los afectados con 200 millones de euros, como se estableció en la sentencia de 2013 entendiendo que el laboratorio cometió un atentado contra la salud de la humanidad. Esta sigue siendo nuestra convicción que no coincide con la resolución de la sentencia del Tribunal que, en todo caso, nosotros no tenemos más remedio que respetar".
La Asociación de Afectados continúa su proceso judicial una vez cerrada la vía del Tribunal Supremo, pero siguen demandando a la farmacéutica alemana una negociación extrajudicial que les compense como al resto de afectados europeos.
