INFORME ANUAL 2015-2016

Amnistía Internacional denuncia un "asalto" global a los derechos humanos

En su último informe, Amnistía Internacional advierte de que el sistema internacional de protección de los derechos humanos está en peligro. Y de ello responsabiliza a gobiernos y líderes políticos, a los que acusa de aplicar nuevos límites y restricciones: por ejemplo, a la libertad de expresión apelando a la seguridad nacional ante desafíos como el del terrorismo o el de los refugiados. Esta organización también critica a la ONU por su "fracaso sistémico en el cumplimiento de su función fundamental para hacer respetar el derecho internacional y para garantizar la rendición de cuentas", en casos como el de Siria.

ondacero.es

Madrid | 24.02.2016 14:43

Amnistía Internacional ha presentado, un año más, su fotografía sobre el estado de la protección y garantía de los derechos humanos en todo el mundo. En el informe se analizado 160 países. Y, según las conclusiones, en 113 de ellos se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y prensa, en más de 30 se obligó ilegalmente a personas refugiadas a volver a países en los que corrían peligro, en 122 se practicó tortura o malos tratos y en al menos 19 se perpetraron crímenes de guerra o se violaron las llamadas "leyes de la guerra".

Ejemplo de esto último es Siria, donde se han llegado a bombardear hospitales y a "trabajadores humanitarios" encargados de proteger a la población civil, según ha recordado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

El documento también hace hincapié en la crisis de los refugiados y en el escaso éxito de la Unión Europea a la hora de gestionarla durante todo el 2015: "a medida que avanzaba el año, las cumbres europeas se centraban cada vez más en medidas dirigidas a impedir la entrada de personas refugiadas y migrantes en Europa o acelerar su devolución", señala el informe.

En el lado positivo, que también lo hay, el anuario cita cuestiones como las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC y la abolición de la pena de muerte en países como Madagascar, Fiyi y Surinam.