Tres años después, el descarrilamiento del Alvia sigue ocupando portadas, a raíz de que la reapertura de la instrucción por decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña.
De este modo, esta instancia rectificaba el dictamen con el que el segundo juez responsable de la causa, Andrés Lago Louro, cerró la investigación que apuntaba como único culpable al maquinista del tren, Francisco José Garzón, una resolución que fue suscrita por el fiscal.
Además, este mes se ha desvelado el contenido del informe encargado por la Comisión Europea a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), sobre las indagaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y que concluyó que el suceso no se investigó "de forma independiente como requiere la Directiva de Seguridad Ferroviaria".
Bruselas ha concluido que la investigación de la CIAF, organismo dependiente de Fomento, "no fue independiente, ni determina las causas raíz/estructurales del accidente".
Asimismo, la Comisión Europea ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que "la autorización del tren pudiese no haber sido conforme a la legislación de la UE".
La curva de A Grandeira, localizada en Angrois a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, vivió a las 20:41 horas de aquel 24 de julio una pesadilla "terrible", como recuerda Francisco Fernández, que vivía a apenas veinte metros de donde se situaron en los minutos y días siguientes a la tragedia todas las cámaras de televisión, según detalla.
"Estaba en casa hablando a través del ordenador con un amigo de Valencia y de repente, escuché el estruendo. Bajé al momento y me pasé toda la noche ayudando a sacar gente de los vagones", rememora Francisco, que apenas durmió en los cuatro días siguientes e incluso se tuvo que mudar.
El relato de este vecino de Angrois es similar al de sus vecinos que, desde la considerada zona cero, también piden "a la justicia y a los políticos" que "se acabe todo cuanto antes" y "se sepa la verdad", algo que también solicita Jesús Domínguez, el portavoz de la Plataforma Alvia 01455, que se ha convertido en una de las cabezas visibles de los afectados en estos 36 meses.
Domínguez, que al ser un superviviente del siniestro se define como un "afortunado", apunta, en declaraciones a Efe, los tres frentes con los que las víctimas aguardan "pasar página": la creación de una comisión técnica de investigación independiente, la depuración de responsabilidades políticas en una comisión parlamentaria y el "perdón" del exministro de Fomento José Blanco y la posterior responsable de la cartera, Ana Pastor.
El pasado martes, miembros de la Plataforma Alvia abandonaron el edificio del Ministerio de Fomento al no haberse podido reunir con la recientemente nombrada presidenta del Congreso, Ana Pastor, y sólo haber podido mostrar su "malestar" al actual secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Renfe cuando ocurrió el siniestro, Julio Gómez-Pomar, y a los presidentes de Adif y Renfe, Gonzalo Ferre y Pablo Vázquez.
"Hubo cientos de millones de euros invertidos en la línea Ourense-Santiago y, sobre todo, nos engañaron a todos desde las instituciones públicas. Vendieron que la alta velocidad había llegado a Galicia con la última tecnología y luego se demostró que no era así. Existen responsabilidades penales, que debe dirimir la justicia, y políticas, que han de ser depuradas en el Congreso", reivindica Domínguez.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, señaló a principios de este mes, acerca de la instrucción, que "es imposible saber" cuándo acabará o cuándo se señalará el juicio porque depende de la "complejidad intrínseca" de los "informes añadidos".
Mientras, el maquinista continúa siendo el único imputado por un error humano, al no frenar a tiempo en la curva de Angrois a la que llegó a unos 190 kms/h en un lugar limitado a 80 y mientras iba hablando por teléfono con otro operario que estaba dentro del tren.
Según Domínguez, que el maquinista sea el único imputado está relacionado con que "casi todos los técnicos de la investigación -de la CIAF, en la que se basó fundamentalmente el auto del juez para cerrar la instrucción- están vinculados al monopolio que conforman Renfe y Adif".