El caso de Rafa Mir, acusado de presunto delito de agresión sexual, ha sacado a la luz un contrato que emplearían diversos futbolistas profesionales antes de mantener relaciones sexuales que incluye diversas cláusulas, entre ellas una de "violación accidental".
Así lo ha revelado en X Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), que ha publicado un modelo de este contrato, que según explica, le llegó por un futbolista extranjero.
En sus redes, reconoce que a él se lo han pasado ya "dos futbolistas de Primera División y uno de Tercera División y ayer otro futbolista de Primera División me pasó la APP de consentimiento para relaciones sexuales".
El contrato
El contrato utilizado por algunos futbolistas profesionales antes de mantener relaciones sexuales es un documento de consentimiento explícito cuyo objetivo es proteger a ambas partes de posibles malentendidos o acusaciones posteriores. En él se identifican las partes involucradas y se acuerda, con precisión, qué actividades sexuales están dispuestas a realizar, estableciendo un tiempo y lugar específicos para dicho consentimiento. Además, se especifican los métodos de protección y anticoncepción a utilizar.
El documento también aborda posibles cambios en las actividades consensuadas mediante la cláusula "Ratchet", que permite modificaciones siempre que ambas partes lo acuerden verbalmente o por escrito, asegurando que cualquier ajuste sea consensuado. Igualmente, se aclara que la incapacidad para cumplir con los actos acordados no constituye una violación del contrato ni da lugar a acciones legales.
Violación accidental
Una de las secciones más controvertidas es la que trata la posibilidad de una "violación accidental", es decir, una penetración no consentida que puede ocurrir sin intención debido a movimientos involuntarios durante el acto sexual. El contrato ofrece dos opciones: considerar el incidente como un asalto, lo que obligaría a la parte masculina a demostrar que el acto fue accidental, o tratarlo como un accidente, asumiendo el consentimiento retroactivo por parte de la persona afectada. En ambos casos, el objetivo es clarificar cómo proceder en situaciones de este tipo, protegiendo a ambas partes de conflictos posteriores.
