El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, advierte de que el objetivo de este evento es promocionar una práctica ilegal en España como indica el artículo 10 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida: "Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o de un tercero" y añade que "la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto".
Asimismo, las firmantes sostienen que aunque las empresas participantes aleguen que la actividad publicitada es legal, también recuerdan el apartado 4 del artículo 6 del Código Civil, que dispone que "los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir".
La Red estatal cita el artículo 221 que se inserta en el Título XII del Libro II del Código Penal, relativo a los delitos contra las relaciones familiares, para denunciar que se castiga la entrega a otra persona de un hijo descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, "eludiendo los procedimientos legales, mediando compensación económica" y añade que las tareas de intermediación "son conducta criminal", aunque la entrega del niño se efectúe en un país extranjero.
En su escrito, las firmantes acusan a las empresas instaladas en dicha feria de realizar las tareas de intermediación en los procesos de gestación subrogada: "Buscan madres gestantes, mostrando incluso catálogos sobre las mujeres, en las que se las clasifica por una serie de parámetros, raza o edad, enseñando su fotografía para que los futuros receptores del menor puedan elegir entre dichas mujeres la que consideren más apropiada".
Así, alertan de que el objetivo de 'Surrofair' 2017 es "elaborar contratos" entre las personas que se encuentran en España y mujeres en países en los que la práctica de vientres de alquiler es legal. "Efectúen todas las tareas de contacto e intermediación para que en definitiva una vez dé a luz, les entregue el recién nacido para podérselo traer a nuestro país", añaden.
Por su parte, desde DCIP Consulting, la entidad organizadora de 'Sorrofair 2017', ha presentado en el Juzgado de Guardia de Valencia y en la Policía Nacional dos denuncias contra la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres por "delito de coacciones y amenazas" y contra varios usuarios de Twitter y Facebook.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de esta compañía que han señalado que desde que se anunció la celebración de este evento para los días 6 y 7 de mayo en Madrid, cientos de usuarios de redes sociales han vertido mensajes que, a su juicio, pueden ser constitutivos de delito, al igual que los proferidos por representantes de la red estatal que anunció el boicot de la feria hace dos semanas.
"Después de la feria de las mujeres/vasija #Surrofair, podemos hacer la feria de las mujeres a las q por un módico precio se las pueda violar"; "Queda poco para #Surrofair la feria donde traficarán con seres humanos"; "#MiVientreNoSeAlquila y el Melia cierra las puertas a Surrofair. Dónde van a ir los papuchis a mirar los catálogos de mujeres?"; "El sumun del consumismo es comprar un bebé alquilando el vientre de una mujer. FERIA surrofair y el timo de que la paternidad es un derecho", son algunos de los comentarios vertidos por usuarios en Twitter.