Con motivo de la constitución de este órgano, la Diócesis de Astorga ha envidado una carta a las víctimas en las que les informa del paso dado y que firma la delegada episcopal para la protección y acompañamiento de víctimas de abusos, la psicóloga María José Díez Alonso.
"El obispo de Astorga ha creado una Delegación Episcopal para la atención a los menores y el acompañamiento de víctimas de abusos. Me presento a usted como encargada de dicha Delegación compuesta por especialistas en Derecho Civil y Canónico, sacerdotes, psicólogos y otros asesores que componen el equipo", señala la carta, fechada el 15 de febrero.
Y agrega: "Es mi deseo ponerme a su disposición, ofrecerle la ayuda que pueda necesitar como consecuencia de la situación vivida por usted".
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, preside la comisión creada por la Iglesia a finales del pasado año para la prevención y protección de los abusos sexuales a menores.
La elección de Menéndez para este cargo levantó cierta polémica ya que tuvo en su Diócesis recientemente un caso de un sacerdote al que se impusieron sanciones por abusos que fueron muy criticadas por las víctimas.
El pasado 16 de septiembre, el Vaticano, a través de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ordenó la suspensión en su ministerio durante diez años al sacerdote José Manuel Ramos Gordón de la Diócesis de Astorga, acusado de abusos sexuales cometidos hace 35 años en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora).
Durante los diez años de suspensión, el sacerdote debe residir en un monasterio o convento fuera de la Diócesis de Astorga, y después podrá vivir en la Casa Sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa.
Los hechos fueron cometidos entre 1981 y 1984 y se desvelaron después de que un exalumno denunciase en febrero de 2017 que había sido víctima de abusos cometidos por el sacerdote ahora apartado de sus funciones.
El obispo de Astorga recalcó entonces que, aunque eran delitos prescritos civil y canónicamente, ordenó personalmente una investigación "exhaustiva" y dio cuenta de ello a la Santa Sede.
La sanción impuesta fue criticada tanto por víctimas como por diversos colectivos que exigían a la Iglesia más dureza e incluso su expulsión.
Más polémica generó la sanción de un año impuesta a este mismo sacerdote por otros casos de abusos cometidos en el seminario de La Bañeza, de los que fueron víctimas casi una treintena de alumnos.
El colectivo de víctimas de La Bañeza criticó el nombramiento de Menéndez, al que acusan de encubrir lo sucedido y de negar las indemnizaciones solicitadas.
Frente a estas críticas, la Diócesis de Astorga defendió la elección de Menéndez, tal y como ha considerado la Conferencia Episcopal Española, que es el órgano que ha tomado la decisión.
Desde la Diócesis se negó que el obispo "encubriera" casos de abusos y se defendió que en todo momento se actuó por órdenes de la Congregación para la doctrina de la Fe y que "todo vino de Roma" ya que la Diócesis no intervino ni en la instrucción de la causa ni en las sanciones impuestas.
Así pues, la presentación oficial del órgano pionero constituido por la Diócesis de Astorga tendrá lugar la víspera de la cumbre convocada por el papa para el jueves en el Vaticano a la que están convocados los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para tratar durante cuatro días la lacra de la pederastia en el seno de la Iglesia católica
