Al comprobar que un primer autobús no contaba con los permisos, los agentes inspeccionaron otros siete vehículos de la misma compañía.
Han formulado once denuncias en materia de transporte y otras siete por infracciones al Reglamento General de Vehículos por infracciones graves o muy graves: la falta de autorizaciones conlleva sanciones económicas de 4.000 euros, las otras se refieren a cuestiones técnicas.
Por ejemplo, por la ausencia del dispositivo acústico de marcha atrás, fallos en la apertura de las puertas de emergencias, carencia de botiquín, extintores caducados desde marzo de 2018 y diversos asientos severamente degradados que habrían provocado graves daños en caso de accidente.