De esta manera, el consistorio pretende garantizar la salud pública de los usuarios, para lo cual ha tomado medidas de urgencia como controlar nominalmente las entradas y salidas del recinto, colocar detectores de orina en el agua de la piscina y pedir la colaboración de personas voluntarias y anónimas que se encargan de vigilar las instalaciones mientras la piscina está abierta.
El Ayuntamiento de Riba-roja d'Ebre explica en un comunicado que está estudiando instalar cámaras de videovigilancia en el recinto para acabar con la "desagradable situación" e identificar al autor o autores de incidentes futuros.
El consistorio avisa que este "comportamiento grosero" representa un atentado contra la salud pública y puede ser constitutivo de delito penal y motivo de sanción de acuerdo con el ordenanza municipal de civismo.