La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que no tiene competencias ni para expulsar ni para deportar a nadie. Ayuso ha asegurado que ni puede poner un muro en Aranjuez para frenar la entrada de menores extranjeros provenientes de Andalucía, ni puede "soltarles en el desierto".
De esta forma ha respondido en la sesión de control del Parlamento regional a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre los planes previstos para el colectivo de los menores extranjeros no acompañados y su inserción una vez alcanzada la mayoría de edad.
"Ustedes, con su miedo a hablar de la repatriación de los inmigrantes ilegales y con su miedo a hablar de lo que está pasando en los barrios cada vez que abren un centro de menores extranjeros no acompañados, están provocando un efecto llamada brutal y acaban ustedes siendo cómplices de las mafias que traen a los inmigrantes ilegales", ha señalado Monasterio dirigiéndose al PP.
La portavoz de Vox ha opinado que el PP "no se atreve a hablar de la inmigración ilegal" y ha instado a la presidenta regional a decir que "en la Comunidad de Madrid no se va a volver a abrir un centro de menores extranjeros no acompañados porque en los barrios la gente ya está harta".
En la zona de Hortaleza, ha asegurado Monasterio, "las mujeres ya no caminan solas ni al supermercado y tienen que ir acompañadas de sus maridos porque tienen miedo".
"Son ustedes los blanditos, que luego saldrán de Moncloa diciendo que están preocupados por la falta de previsión, como vimos ayer con el tema de Cataluña", ha manifestado la portavoz de Vox, quien ha instado al Gobierno regional a tomar medidas en relación con los menores extranjeros no acompañados.
Monasterio ha apuntado que el Gobierno regional "solo" va a dedicar 16 millones de euros a bajar los impuestos -con tres nuevas deducciones fiscales para familias con dependientes a su cargo, jóvenes y estudiantes- y 24 millones para los menores extranjeros no acompañados, lo que se traduce en 137 euros por niño, que "ya le gustaría tener a alguno que está esperando la ayuda a la dependencia en la Comunidad de Madrid".
Por su parte, la presidenta regional se ha comprometido a colaborar con la Fiscalía en la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, como figuraba en el acuerdo de investidura que alcanzó con Vox, pero ha asegurado que no puede comprometer aquello que no está en sus competencias.
"No podemos expulsar a nadie; no podemos deportar a nadie. No tengo competencias para poner un muro en Aranjuez de entrada de los menores que vienen desde Andalucía y no tengo competencias para soltarles en el desierto porque no sé muchas veces ni de dónde vienen ni de dónde proceden", ha recalcado.
El fenómeno de los menores extranjeros no acompañados no solamente está afectando a España, sino también a Europa, ha explicado Díaz Ayuso, quien ha reconocido que, en algunas ocasiones, está provocando "problemas de convivencia e, incluso, de seguridad" y, en la mayoría de los casos, son "simplemente menores que están deambulando sin tener un rumbo fijo".
La Comunidad de Madrid cuenta con programas para menores de 16 a 21 años -también los menores extranjeros no acompañados- con el objetivo de atender sus necesidades básicas y ayudarles a formarse y estudiar.
Ha detallado que la habilitación de una partida -de 24 millones de euros- para consolidar 120 plazas para menores extranjeros no acompañados no pretende "en ningún momento" provocar "un efecto llamada", ni colaborar "con ninguna mafia".
"Es evidente que nadie quiere esas mafias; todos tenemos que estar comprometidos para acabar con ellas", ha resaltado Díaz Ayuso.
En esta cuestión, no se trata de ser "acomplejado" ni "un mal español", ha agregado Díaz Ayuso, quien ha recordado que en el último reparto de ayudas para la atención de los menores extranjeros no acompañados la Comunidad de Madrid recibió del Estado una ayuda "pírrica" de 1.500 euros.
Ha explicado que la Comunidad de Madrid tiene la competencia de "integrar" y "dar cobijo" a los menores extranjeros no acompañados, en cumplimiento de ley.
"No es una cuestión solo de legalidad, sino, sobre todo, también de humanidad", ha subrayado la presidenta regional para indicar que "conviene que estos menores estén integrados".
