España envejece. Y lo hace a un ritmo acelerado porque no nacen los suficientes niños como para garantizar el relevo generacional. Con la vejez llega el deterioro y por eso contar con un apoyo a la dependencia es vital como país. En diciembre de 2006 se publicó en el BOE la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, un texto que desde el primer minuto encontró los obstáculos de hacerla eficaz sobre el terreno. Y así sigue.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales lleva años analizando la situación de la dependencia en España. Y la suspenden. Los datos de 2023 lo hacen de nuevo. 40.447 personas fallecieron el año pasado esperando ser valoradas o atendidas. A fecha 31 de diciembre de 2023 había 296.431 personas en la lista de espera de la Dependencia. Y 324 días es la media de tramitación de un expediente de dependencia. Aunque son 97 días menos que en 2020, en cuatro comunidades se superan los 12 meses y sólo cinco están por debajo de los seis meses que establece la Ley.
Cada 13 minutos fallece una persona en lista de espera
Al ritmo de atención de 2023, con un fallecido cada 13 minutos aguardando la prestación por dependencia, "se tardarían -advierte el Observatorio Estatal de la Dependencia- más de ocho años en alcanzar la plena atención". Además persisten las desigualdades entre territorios. Castilla La Mancha y Castilla y León alcanzan, según la escala de la Asociación, las mayores puntuaciones. Cataluña y Murcia, las menores.
En 2021 el Ministerio de Derechos Sociales aprobó un plan de choque aumentando la financiación estatal al Sistema de Atención a la Dependencia (con una dotación presupuestaria de más de 600 millones de euros) para resolver algunos de los problemas más graves, sobre todo la reducción de las listas de espera y la escasa cuantía de las prestaciones. Sin embargo este plan ha tenido un impacto mucho menor al esperado. ¿Por qué? Hay dos razones clave: la complejidad de los procedimientos desde que se produce la solicitud hasta el reconocimiento de la dependencia y la falta de voluntad de algunos gobiernos autonómicos que han reducido su aportación. Es lo que ha ocurrido en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Murcia.
Algunos datos sobre el Sistema de Dependencia
- El 3,6% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar actividades básicas de la vida diaria.
- A pesar de que el plan de choque establecía que la teleasistencia fuera un derecho subjetivo de toda persona con el grado reconocido que viviera en su domicilio, sólo lo tienen el 35,8%.
- La media de la Ayuda a Domicilio es de 33,8 horas mensuales (57,9 horas para el Grado III).
- La prestación recibida por quienes cuidan a un familiar en situación de dependencia en su domicilio es de 240,17€ (369,6€ en el caso de los dependientes de Grado III).
- La cuantía media de la prestación vinculada a una plaza residencial para los dependientes de Grado III es de 575€: menos de una tercera parte del coste real de estos servicios.
- El perfil del cuidador familiar es mayoritariamente femenino (73%), hijo o hija (34,4%) y de entre 50 a 66 años (46,9%).
- En el convenio especial de cuidadores no profesionales hay 77.230 personas dadas de alta (el 88% mujeres). Sólo representan el 14,29% del total de personas cuidadoras.
En los tres últimos años han aumentado en 287.636 las personas atendidas del Sistema de la Dependencia y se han alcanzado un total de 1.567.107 personas con derecho a prestación al finalizar 2023.