Su historia, forjada con piezas que la Policía ha encajado en un puzzle sobre el que aún trabaja, ha permitido a la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, en unión de la Brigada de Extranjería de Toledo, destapar una red de explotación sexual de menores en esa provincia y poner al descubierto algo que en algunos pueblos se sabía, pero se callaba por miedo.
La red ha sido desarticulada tras la detención de 17 personas, una decena de ellas hombres de avanzada edad con los que al menos cuatro niñas mantuvieron relaciones sexuales obligadas, y las otras siete miembros de la organización, casi todos de origen rumano.
Y fue el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha el que dio la voz de alarma y alertó de la explotación a la que posiblemente había sido sometida desde los 15 años una joven española hasta que cumplió la mayoría de edad. Unos años en los que ya se había quedado embarazadas tres veces.
Igual que otras, esta chica, a la que la Policía le dio la condición de testigo protegido, fue captada en su pueblo, posiblemente en algún parque, por dos mujeres de la organización que sabían bien dónde elegir a sus víctimas y a cuáles echar el lazo: jóvenes de familias con escasos recursos y nivel cultural muy bajo.
A la víctima de este caso le presentaron a un joven rumano con el que inmediatamente inició una relación sentimental, hasta el punto de que se fue a vivir con la familia de su pareja a otra localidad toledana. La joven se quedó embarazada.
Poco después de tener a su hijo, su novio empezó a adoptar una actitud agresiva y violenta. Según precisan las fuentes policiales, fue a partir de ese momento cuando comenzó su calvario.
La chica, al igual que otras tres víctimas también españolas de 14, 16 y 17 años, fue obligada a mantener relaciones sexuales con hombres mayores, generalmente viudos de la zona, tanto en las casas de éstos como en parques e, incluso, en algún club de alterne.
Y siempre supervisadas por miembros de la red, muchas veces mujeres, quienes aprovechaban el momento en el que las niñas eran conminadas a acostarse con los septuagenarios para sustraer algún objeto de valor de la casa.
El miedo atenazaba a la menor, que era constantemente objeto de palizas y agresiones por parte de su pareja y del clan familiar. De nuevo, se quedó embarazada.
Su madre denunció a los Servicios Sociales que su hija ejercía la prostitución y que consumía drogas -casi siempre la red les pagaba los servicios sexuales que prestaban con sustancias estupefacientes y nunca con dinero-, por lo que le retiraron la custodia de los dos hijos, de los que se hizo cargo la Comunidad Autónoma.
No pudo escapar del clan que la controlaba ni cuando su novio ingresó en la cárcel de Ocaña por diversos delitos. Todo lo contrario. Engañada por alguien que se hizo pasar por su salvador, la joven fue trasladada al extranjero para ejercer la prostitución con otras chicas de diversas nacionalidades.
Las fuentes consultadas prefieren preservar el nombre del país donde fue llevada en aras a encajar con certeza las piezas del puzzle, pero sus autoridades ya han aportado algún dato que permitirá cerrar la operación policial.
Según el testimonio de la joven, también allí sufrió agresiones, que le provocaron lesiones en la cara y la pérdida de varios dientes.
Una vez de vuelta a España y de nuevo embarazada, quien la había llevado al extranjero decidió irse y la abandonó, por lo que la joven aprovechó para regresar al domicilio de su madre, esquivar la presión del primer clan que la sometió a este calvario y denunciar los hechos ante los servicios sociales del Instituto de la Mujer.
Su denuncia destapó la existencia de más casos, de otras chicas a las que ha interrogado la Policía, que no lo ha hecho con todas para evitar una segunda victimización, como resaltan las fuentes.
Ellas han identificado a los "clientes" que no tuvieron reparo en acostarse con ellas a pesar de ser menores. La explotación sexual de las chicas era sabida en los pueblos de la zona, pero bien por miedo a la organización criminal o bien por que eran clientes, nadie lo denunció.
La Operación Arroyo ha puesto fin a la actividad de la red, a la que se le ha incautado material informático y documentación que se está analizando, así como intervenido un invernadero con plantas de marihuana.
De momento, los septuagenarios clientes identificados y detenidos han quedado en libertad hasta que sean llamados por el juez.
