El juicio por estos hechos estaba previsto que se celebrase este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre Fiscalía y los acusados por el que éstos han reconocido los hechos que se les imputaban y han obtenido una rebaja en la pena de prisión propuesta.
Inicialmente, el ministerio fiscal pedía tres años de cárcel para el alcalde libanés --trasplantado al final con el hígado de su hijo-- y otros siete años para cuatro acusados más, entre los que se encontraban dos sobrinos suyos y su propio hijo, por un delito de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos. Finalmente se ha llegado a un acuerdo por el que se han rebajado las penas a 1 y 2 años de prisión.
Se trata de la segunda causa de esta índole que se juzga y se condena en España, dado que solo existe un precedente similar de una sentencia de octubre de 2016 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.
En concreto, este caso se remonta al año 2013, cuando el político, quien sufría una enfermedad hepática que requería un trasplante, sabedor del prestigio de esta cirugía en España, decidió contactar con familiares suyos residentes aquí para que realizaran gestiones con el objeto de encontrar a donantes vivos.
Así, entre abril y mayo de 2013, dos de sus sobrinos que tenían una mercantil en Alicante, con sede en Novelda, actuando como enlace de su tío enfermo, junto al hijo de éste y otro conocido de ellos, también libanés, idearon un plan para materializar el trasplante.
Este hecho suponía un evidente quebranto de la legislación española relativa a la donación de órganos entre vivos, normativa y requisitos de los que --tal y como contempla el escrito fiscal provisional-- fueron escrupulosamente informados por parte de las autoridades sanitarias y, en concreto, por los médicos del Hospital Universitario de Pamplona y del Clínico de Barcelona.
El hijo del alcalde libanés previamente había indicado que no tenía intención de ser el donante por el riesgo que ello comportaba y por el hecho de que en el Líbano le habían dicho que su hígado era pequeño y no podía ser donante de su padre.
De esta forma, los procesados --ahora condenados-- empezaron a reclutar posibles donantes y contactaron con personas sin recursos o en situación de necesidad económica. Se encargaban de pagar pruebas de resonancias y TAC a los posibles pacientes, les ofrecían trabajo a cambio del trasplante, matrimonio de conveniencia y, en ocasiones, hasta 40.000 euros por "un trozo de hígado".
Finalmente, tras no encontrar a personas que quisieran asumir el riesgo o que fueran admitidas en el Hospital Clínico de Barcelona, se hizo una prueba al hijo del alcalde libanés, fue evaluado y al observar que era posible su trasplante, se le practicó el mismo el 26 de agosto de 2013.