Más de 20 asociaciones, encabezadas por Asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y la de víctimas de la Ley de Violencia de Género (GenMad) interpusieron una denuncia contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la Comisión Europea por acusar de maltrato sin pruebas al ex marido de Rocío Carrasco –hija de la cantante Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco–, Antonio David Flores.
Ahora, el organismo comunitario ha admitido a trámite esa denuncia por vulneración de la presunción de inocencia y, por lo tanto, será examinada, según La Razón.
La política de Unidas Podemos publicó el pasado 21 de marzo un tweet en su cuenta personal en el que se refería a la colaboradora de televisión como una "víctima de violencia de género", a pesar de la falta de pruebas que impiden acusar de ello a su expareja.
Irene Montero vulneraba la presunción de inocencia recogida en el artículo 4.1. de la directiva europea
Desde las asociaciones, denunciaban que Montero habría violado el artículo 4.1. de la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, vulnerando la presunción de inocencia del acusado. Este citado artículo refrenda que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no haya probado culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena” pide que no se refiera a esa persona como culpable.
Además, a las acusaciones de las asociaciones también se sumó una “avalancha de peticiones de denuncia adicionales”, por lo que optaron por elaborar un formulario para que otros colectivos pudieran sumarse a la interpuesta inicialmente.
Sin embargo, la ministra de Igualdad quiso mantener su versión, acusando a Antonio David Flores de ser un maltratador, motivo por el cual diferentes asociaciones recurrieron tanto al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como al Defensor del Pueblo por estar vulnerando la presunción de inocencia.
Finalmente, según La Razón, la Comisión Europea ha admitido a trámite esta denuncia y será examinada durante los próximos días para determinar si existe vulneración de esta normativa.
