De esta forma, la sentencia ratifica el veredicto unánime del jurado popular que juzgó al acusado, que le declaró culpable de asesinato con las agravantes de género y de parentesco, pero rebaja en cinco años la pena que solicitaba la Fiscalía.
Justifica el tribunal en la sentencia que se le impone la pena mínima del delito de asesinato con agravantes -entre 20 y 25 años- porque "no se aprecian en el acusado circunstancias personales adversas", ya que el hombre no contaba con antecedentes penales previos al asesinato de pareja.
Por otro lado, considera que el asesinato se cometió por razones de género "al no consentir que, como mujer, llevara una vida independiente y plena, así como por no poder seguir ejerciendo su dominio, superioridad y control sobre ella". La sentencia declara probado que el hombre y la víctima, ambos de nacionalidad argentina, mantuvieron una relación sentimental desde 1997 hasta 2012, año en el que el procesado, una vez rota la relación, regresó a Argentina.
Cuando Ángel volvió a España, en septiembre de 2015, trató de retomar la relación con la víctima con la excusa de que tenían que tener contacto frecuente para abordar temas relativos a la hija que tenían en común.
A pesar de que la relación entre ambos era cordial desde el regreso a España del acusado, la víctima no deseaba reiniciar la relación sentimental, ya que había rehecho su vida con otro hombre, lo que ocasionó que el 11 de diciembre de 2015 ambos mantuvieran una fuerte discusión.
Ese día el hombre acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la localidad de Alcobendas, y "con el propósito de acabar con su vida", se hizo con un cuchillo de hoja afilada, se dirigió a la habitación de la mujer y, una vez allí, la golpeó en la cabeza con un objeto y después la degolló.
El condenado aprovechó que la hija de la víctima se encontraba en esos momentos en el colegio y que los inquilinos con los que convivía la mujer dormían en otras habitaciones de la casa.
Además de la pena de prisión, la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, impone al acusado una indemnización de 300.000 euros para la hija en común, de 200.000 euros para otro hijo de la mujer y de 25.000 euros para los dos hermanos de la fallecida.