El tribunal también le ha impuesto el abono de una indemnización a la Xunta de 85.203 euros por gastos de extinción y de 79.062 euros a la Consellería de Medio Rural y a los tres propietarios de terrenos afectados por daños originados en la madera.
El fuego, cuyos trabajados de extinción duraron unas 60 horas, calcinó un total de 180 hectáreas, de las que 130 eran de monte arbolado. Además, atravesó la Autovía del Barbanza y se propagó hasta un polígono industrial y a las cercanías del hospital. Por ello, la Dirección Xeral de Montes lo calificó de nivel 1 debido a su "grave riesgo".
Fuego intencionado
En el fallo, los magistrados consideran que el imputado "conocía el monte incendiado, sus caminos y las condiciones medioambientales que provocan la propagación del fuego" por lo que concluyen que el fuego "fue originado de forma intencionada" y "no por una negligencia".
En esta línea, sostienen que el condenado provocó voluntariamente, al menos, dos focos de llamas prácticamente simultáneas en la próximidad de los núcleos rurales.
El tribunal, además, apunta que el incendio repercutió de forma muy negativa, tanto en los valores recreativos y sociales de la zona como en el deterioro del patrimonio medioambiental y arqueológico, además de causar cuantiosas pérdidas económicas, tal y como figura en un informe de la Xunta.