A falta de la votación, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han manifestado su apoyo a la convalidación del Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de julio, así como que se tramite como proyecto de Ley, lo que permitirá incorporar las aportaciones de los partidos.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ha defendido en la Cámara Baja la urgencia que había para utilizar la fórmula del real decreto-ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP en su reforma sanitaria, que dejó sin tarjeta sanitaria a los simpapeles, que ahora queda parcialmente derogada.
La norma, según Montón, representa un "auténtico" cambio de modelo en la asistencia sanitaria en España, ya que la titularidad del derecho a la salud se basa en la condición de ciudadanía y se desliga de la de asegurado o beneficiario. "Para el anterior gobierno era urgente recortar derechos; para el gobierno actual, es urgente recuperarlos", ha afirmado.
También existía urgencia, según Montón, para garantizar la seguridad jurídica de los profesionales y armonizar y dar cohesión territorial al acceso a la sanidad, ya que las comunidades que no estaban de acuerdo con la exclusión de la reforma del PP adoptaron soluciones de manera desigual.
La norma reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, en tanto que las comunidades autónomas serán las encargadas de tramitar las solicitudes y expedir las tarjetas sanitarias que acrediten a los irregulares como residentes para poder recibir la prestación asistencial.
Para ello, el Ministerio ya ha enviado a las autonomías una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma, y éstas ya han planteado sus aportaciones, como que la asistencia será gratuita en el periodo que hay entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria