El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un decreto de ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un fármaco que hace varias décadas causó malformaciones en el embarazo, según ha avanzado este lunes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El departamento que dirige Ione Belarra ha indicado que el decreto "busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo".
El Instituto Carlos III de Madrid, una entidad sanitaria pública, evaluó a los afectados e hizo el censo y el protocolo para las ayudas, cuyo importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento.
Así, por ejemplo, según ha explicado Derechos Sociales, para una persona con un 33 % de discapacidad la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto fijado en el protocolo, y según fue establecido en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
AVITE exige disculpas al Gobierno
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha exigido al Gobierno que pida perdón de forma oficial a los afectados por permitir la venta del medicamento durante más de 30 años y que se reconozcan sus secuelas a todos ellos, pues hay personas con discapacidad causada por este fármaco que no lo han sido aún.
En una rueda de prensa celebrada en Murcia, el abogado de Avite, Ignacio Martínez, ha señalado que desconocen el contenido del real decreto de ayudas para 130 víctimas que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, aunque esperan que se hayan tenido en cuenta las alegaciones que presentaron cuando conocieron el borrador.
La primera es la necesidad de que España pida perdón a las víctimas por permitir la comercialización de un fármaco que causaba malformaciones en el embarazo entre 1950 y 1985, cuando en Alemania, donde se obtuvo la patente, solo se permitió su venta entre 1960 y 1961.
También que para las ayudas se reconozca a todos los afectados que en su expediente de discapacidad tengan el código "talidomida" que acredita que este medicamento fue la causa del daño, de manera que la evaluación no dependa solo del ministerial Instituto Carlos III, de Madrid, que fue el encargado de hacerla junto con el censo y el protocolo para los subsidios.
Por último, ha reclamado al Ejecutivo español que los apoye para conseguir que la farmacéutica alemana que comercializó la talidomida Grünenthal les abone una ayuda adicional.
El presidente de Avite, José Riquelme, ha subrayado que las 130 personas que van a recibir la ayuda "son solo la punta de la pirámide", puesto que en España se estima que hay unos mil supervivientes y aunque se desconoce con exactitud, estima que los afectados pudieron ser "cientos de miles", que en su mayoría fueron abortos.
La talidomida se comercializó como calmante de las náuseas en los primeros meses de embarazo y provocó miles de casos de malformaciones en los fetos, sobre todo focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades.
Hasta la fecha, solo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los presupuestos de 2009, pero ese intento de reparar a las víctimas se enfrentó sin embargo a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida y por eso ahora para determinar las ayudas se han realizado más de 600 análisis complejos.
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, en ese proceso han participado genetistas del Sistema Nacional de Salud, sin la colaboración de la industria farmacéutica ni de empresas privadas, que han diseñado un panel de genes único en el mundo.
Avite, que representa a más de la mitad de los afectados que recibirán las ayudas, se reunió hace mes y medio con representantes de la Fiscalía para pedir la apertura de una investigación por si cabía prevaricación del Gobierno al no haberse concedido aún las ayudas tras su aprobación en los presupuestos hace cinco años.
