La ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del 'sólo sí es sí', cumple hoy un año desde su entrada en vigor, aunque no con su contenido original, parte del texto ya se reformó en abril de este mismo año. Este cambio se produjo a raíz de la polémica generada tras las rebajas y excarcelaciones de agresores sexuales debido a la aplicación de la norma y la división entre los socios del Gobierno.
La ley se aprobó en el Congreso el 25 de agosto de 2022 y tras su entrada en vigor en octubre, comenzaron los casos de rebajas de pena y excarcelaciones. Según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 18 de septiembre, se han producido en total 1.205 rebajas y 121 excarcelaciones por la ley del 'sólo sí es sí'.
Al principio, el Gobierno quiso esperar y ver lo que sucedía y Pedro Sánchez aseguró que se trataba de una "ley de vanguardia". Poco más tarde, el Ejecutivo rectificó y anunció su reforma que calificó de "sentido común", aunque sin el apoyo de Podemos. En la campaña de 2023 el actual presidente del Gobierno en funciones admitió que esta ley había sido el "mayor error" de su legislatura. El PSOE presentó la forma en el Senado y se aprobó con los votos a favor del PSOE, PP, PNV y el rechazo de Podemos.
Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) avaló en junio las rebajas de pena aplicadas en las revisiones de condenas después de que entrara en vigor la ley.
¿Cómo está la legislación ahora?
La reforma de la ley modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación, el castigo se eleva hasta los años de prisión, respecto a la versión anterior. Igualdad entiende por consentimiento "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona". Define la agresión sexual como "los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima".
Además se incluye un tercer punto para recoger que si "la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con pena de uno a cinco años de prisión".
Violencia con violencia
La reforma indica que en caso de violación con violencia e intimidación las penas irán de los seis a los 10 años, como ya lo reflejaba la ley de 2010. El nuevo texto determina que el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) podrá asignar la revisión de las sentencias firmes a uno o varios juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias Provinciales. esta comprobación se hará aplicando la disposición más favorable y "no por el ejercicio del arbitrario judicial".
El cambio también corrige el artículo de la reducción que la ley realiza por error de la distribución o difusión pública a través de Internet, de teléfono o cualquier otro dispositivo cuando se trate de menores de 16 años.
Se recupera también la responsabilidad de la persona jurídica en los casos de trato degradante, acoso laboral o acoso inmobiliario.
