Se da así el primer paso para el debate sobre una futura despenalización y regulación de la eutanasia, algo que el Congreso ya había rechazado hasta en 16 ocasiones y que es una práctica legal en países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Canadá.
La propuesta del Parlamento catalán solicita la reforma del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio, y exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.
Actualmente, el Código Penal contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona". También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.
Ahora se abre un periodo de tramitación que se prevé largo, en el que la propuesta será debatida en Comisión -previsiblemente en la de Sanidad o Justicia- y durante el cual los grupos podrán presentar enmiendas para modificar el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña.
Aparte de la negativa de PP y UPN, Ciudadanos ya ha advertido de que esta iniciativa solo protege a quienes practican la eutanasia, pero se olvida de los pacientes que sufren y ha insistido en que esta reforma propuesta necesita un marco regulatorio.
Por su parte, el PSOE ha incidido en la importancia de que la despenalización de la eutanasia vaya acompañada de una regulación de la misma, como la recogida en la proposición de ley que los socialistas presentaron la semana pasada.
