ALTO CARGO DE IGUALDAD

La directora del Instituto de las Mujeres y su pareja han recibido al menos 64 contratos de Ayuntamientos del PSOE

Isabel García habría conseguido contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta y otras actividades con las que habría facturado al menos 250.000 euros en dos años.

Quién es Isabel García y por qué piden su cese como directora del Instituto de la Mujer

ondacero.es

Madrid | 17.07.2024 08:05

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE, según publicado el diario El Español. Con estas adjudicaciones, habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García.

Elisabeth García fue asesora del PSOE en el Senado durante la pasada legislatura y tiene dos sociedades con su pareja, Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e Imber Consultoría de Igualdad, con las que habrían conseguido estos contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta y también para otras actividades de igualdad y feminismo.

Estos Puntos Violeta son espacios para ofrecer asistencia y acompañamiento a todas las mujeres víctimas de violencia machista. Como anunció la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, todas las Delegaciones del Gobierno contarán con estos espacios que serían la puerta de acceso para desplegar todos los recursos de comunidades autónomas y Gobierno para combatir estos casos. Según esta información, la mayoría de los contratos son menores y no salen a concurso.

Por otro lado, El Español cuenta que desde que Isabel García se encuentra en el Ministerio de Igualdad, sus empresas se han hecho con dos concursos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, municipio de Madrid. Se trataría de concursos a los que se presentaron las dos empresas de la directora del Instituto de las Mujeres y una tercera cuyo correo de contacto también sería el suyo.

Isabel García se ha defendido y ha asegurado que cumple con la ley de altos cargos al poseer menos del 10% de las empresas mencionadas, que habría vendido el resto de participaciones a su pareja. "Lo que no puede ser es que las parejas de políticos y políticas no tengan derecho a comer", ha respondido García a El Español.