En una nota de prensa la PAH ha explicado que el pasado 18 de septiembre un juzgado de Oviedo ejecutó el desahucio del matrimonio, cuyos ingresos, provenientes de una pensión no contributiva, no les permitían costear el alquiler de la vivienda en la que residían.
Al carecer de un alojamiento alternativo, "completamente desamparados y conmocionados por la situación a la que se veían abocados", pasaron dos días y dos noches en un banco del Parque San Francisco, hasta que integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo tuvieron conocimiento de su estado y, con su apoyo, accedieron a un alojamiento "provisional y precario" mientras se gestiona ante los servicios sociales municipales una solución definitiva.
El Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos firmaron el 15 de marzo de este año un convenio que establece un protocolo de actuación para la prevención de situaciones de exclusión residencial extrema como la que sufre este matrimonio septuagenario ovetense.
En virtud de ese protocolo, los juzgados que reciben demandas por impago de alquiler están obligados a evaluar si la familia demandada se encuentra en situación de riesgo de exclusión social y, en caso afirmativo, facilitarle información acerca de los recursos de asistencia social disponibles, además de trasladar el caso a los servicios sociales municipales para que adopten las medidas oportunas para garantizar sus derechos sociales.
El convenio expresamente considera a las personas mayores de 65 años objeto de atención especial. Por ello, la PAH de Oviedo ha denunciado que "el juzgado ha ignorado todos estos compromisos" y que su actuación "negligente e inhumana" resulta "incompatible con el respeto a su derecho fundamental a disponer de una vivienda adecuada reconocido en diversos convenios internacionales".
Ante esta situación la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo solicitará una reunión al Decano de los Juzgados de Oviedo para trasladarle esta situación.