Dos años sin Diana Quer, el caso que reabrió debate sobre prisión permanente

Fue en la madrugada del 22 de agosto de 2016 cuando Diana, que tenía 18 años, fue vista por última vez en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), donde habitualmente veraneaba, en esa ocasión con su madre y su hermana Valeria. A las 8:30 horas de esa mañana, su progenitora denunció la desaparición.

Tras dieciséis meses de incertidumbre, la Guardia Civil, que desde el primer momento puso a sus mejores agentes especializados al frente de la investigación, detuvo el 29 de diciembre del año pasado al presunto autor de la muerte de Diana, un hombre que había intentado secuestrar y agredir sexualmente unos días antes a otra mujer.

Se trata de José Enrique Abuín, el Chicle, en la cárcel desde entonces y en espera de sentarse en el banquillo ante un jurado popular, acusado de los delitos de homicidio o asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual.

El autor estaba cerca, en concreto en Rianxo, también en A Coruña, pero llegar hasta él no resultó fácil.

La ausencia de indicios, de pruebas, alargó tanto las pesquisas que el juez cerró provisionalmente la instrucción, pero los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Galicia no desistieron.

Ninguna pertenencia de la joven se halló en las zonas rastreadas, en batidas a las que, incluso, se sumó la infantería de Marina. Finalmente, solo se encontró, tres meses después de la desaparición, el terminal móvil de la joven, un iPhone blanco que, en principio, no arrojó ninguna prueba contundente.

De todos modos, según subrayaron en su día los responsables de la UCO, cuando apareció el teléfono móvil de Diana, cerca de la fábrica en la que luego se halló su cuerpo, se confirmó la hipótesis de que alguien se la había llevado por la fuerza.

Sin huella alguna ni rastro de ADN con el que contar, los investigadores no cejaron en su empeño y llegaron a analizar y contrastar unos dos millones de registros de llamadas o conexiones telefónicas de 250.000 líneas de teléfono detectadas, además de interrogar a unas 400 personas, muchas como testigos y algunas como posibles sospechosas.

Y mientras trabajaban, el caso de Diana Quer protagonizó durante meses los programas de la mañana de las diferentes cadenas de televisión, en uno de los casos más mediáticos en España.

Aunque el Chicle estaba entre los sospechosos, no fue hasta el 25 de diciembre de 2017, y tras la denuncia de una mujer que dijo haber sido víctima de un intento de secuestro, cuando se estrechó el cerco en torno a aquel, que confesó los hechos y condujo a la Guardia Civil hasta el lugar donde había arrojado el cadáver, un pozo de una nave industrial en la parroquia de Asados, en Rianxo (A Coruña).

El caso sirvió para unir a padres de chicas desaparecidas y asesinadas, entre ellos el de Diana, el de Mariluz (la menor asesinada hace diez años en Huelva) o el de Marta del Castillo, desaparecida en Sevilla en 2009, para reclamar que no se derogara la prisión permanente revisable.

Ayer mismo, Juan Carlos Quer, el padre de Diana, además de pedir que el "legado" de su hija sirva para evitar nuevas víctimas, volvió a apostar por mantener vigente la prisión permanente revisable.

Con ella, según creen estos padres, "criminales extremadamente peligrosos" no saldrían en libertad hasta que los expertos considerasen que estaban plenamente rehabilitados.

No han dudado en acudir al Congreso para manifestar su deseo de mantener esta figura y han trasladado su petición a todos los grupos parlamentarios. Algunos, como el PP, les han apoyado de forma expresa.

De momento, en la Cámara Baja todo está paralizado. De hecho, la propuesta de derogación de esta figura, que fue impulsada por el PNV y que superó sus primeros trámites en el Pleno, se encuentra "congelada" ante el poco interés de los principales grupos por abordar un asunto espinoso, que confían en que resuelva el Tribunal Constitucional.