Una de las jóvenes que fueron intercambiadas reclama a la Consejería de Salud, dependiente del Gobierno riojano, tres millones de euros por el "error humano", en palabras de la actual consejera, Sara Alba, que supuso un 'intercambio de bebés' por la que la demandante fue entregada a una madre que no era la suya.
Sucedió en el año 2002, en el ahora derruido Hospital San Millán, cuando dos niñas llegaron al mundo con cinco horas de diferencia y, cada una de ellas, fue entregada a la familia de la otra tras pasar por la incubadora.
La ahora demandante nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por la teórica abuela (en realidad abuela de la otra niña) que consiguió su tutela.
En el año 2017 la abuela quiso presentar una demanda de alimentos al padre al que había sido entregada y una prueba genética sacó a la luz que realmente no lo era. Posteriormente se descubrió que tampoco era hija biológica de la madre a la que había sido entregada.
Además, salió a la luz que el grupo sanguíneo que tenía asignado en su historia clínica era erróneo. "Es algo que afecta al ámbito privado y al orden público porque el registro no puede tener datos inexactos, como tampoco las historias clínicas por la Ley de Salud de La Rioja", ha resaltado el abogado de la demandante, José Saez-Morga.
Su abogado instó a que se le otorgara el beneficio de la mayoría de edad y, con esta condición, se dirigió a la Inspección Médica de la Dirección General de Asistencia, Prestaciones y Farmacia de la Consejería de Salud pidiendo su identificación.
La confusión solo podía haberse dado con otra niña
Inspección abrió una investigación con un abanico de niños que determinó que la confusión sólo podía haberse dado con la otra niña, que nació con cinco horas de diferencia y con la que tiene el grupo sanguíneo cambiado. Otra "anomalía" que se encontró fue el seguimiento del peso, que no cuadraba.
"El Ministerio Fiscal, que vela por el orden público, inició un procedimiento de filiación y, en enero del 2021, la jueza volvió a pedir un nuevo informe genético pero, casi nueve meses después, aún no se tienen las pruebas", ha relatado el abogado.
A la vez, el despacho de abogados de la demandante ha iniciado una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por daños morales reclamando una indemnización de más de tres millones de euros, frente a los 215.000 euros que ofrece Salud.
Esto último está parado a expensas de las pruebas genéticas pendientes en el Juzgado de Familia, algo que Saez-Morga ha creído innecesario cuando hay "hechos elocuentes que demuestran que el cambio se ha producido".
La Consejería de Salud lo califica como "error humano"
Desde la Consejería de Salud, su consejera, Sara Alba, ha reconocido que el intercambio se produjo, y lo ha calificado como un "error humano" de una persona que no se ha logrado identificar, pero ha destacado que se trata de un caso que se produjo "hace dos décadas y que se judicializó la legislatura pasada". No obstante, para Saez-Morga esto último es irrelevante.
El abogado, además, ha indicado que la demanda no es penal ya que consideran que la negligencia no ha sido voluntaria y ha creído que el daño producido a la demandante es "inconmesurable, continuado y de por vida" porque "esta persona no se va a librar nunca del estigma de esta confusión". Se trata de "fortalecer su personalidad económica con la finalidad de que tenga un futuro asegurado" aunque lo ocurrido "no sea reparable".
Ahora, se deben recibir las pruebas genéticas para que la jueza determine quienes son los padres (algo ante lo que ha añadido que se suma que su cliente no ha podido conocer a su madre biológica porque falleció en 2018) para que el expediente de responsabilidad patrimonial se falle con dictamen de los Servicios Jurídicos de Salud y el Consejo Consultivo.
