Flor Peña y Alberto Venera, dos agentes de la Policía Nacional de Alcalá de Henares, llevan cinco meses apartados de sus puestos de trabajo. Han dejado de patrullar la calle para ser trasladados a los juzgados de Alcalá de Henares donde se dedican a llevar a las personas detenidas desde los calabozos hasta la sala del juez. El motivo, dicen, reside en una "sanción encubierta" que atiende a los deseos de sus jefes de reprimir su compromiso con la lucha contra el maltrato animal.
"No es coherente que desde la Dirección General de la Policía Nacional se promuevan discursos a favor del respeto de los animales, pero que este comisario quiera acabar con este tipo de intervenciones", lamentaba Flor.
El móvil del castigo
Al parecer, los derechos de los animales no constituían una prioridad para sus superiores que les instaban a atender otros delitos. No obstante, Flor y Alberto no cesaron en su deber como agentes de rescatar a cualquier animal que percibieran en peligro o en una situación vulnerable.
Así pues, los agentes continuaron proponiendo para sanción aquellos casos de animales descuidados o maltratados que creían denunciables. A lo largo de dos años, los dos policías incautaron hasta cuarenta animales en situaciones de peligro. Generaban denuncias que después eran ratificadas por el órgano competente, pero, según sus superiores, hubo casos en los que no se siguió el cauce administrativo adecuado.
La situación alcanzó tal punto que se realizó una investigación interna para determinar si ambos agentes se habían excedido en sus competencias. Sin embargo, la propia Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional archivó su caso sin ningún tipo de sanción disciplinaria ni ningún reproche penal mediante un decreto donde dignificaban el comportamiento de los policías: "Los dos agentes presentaron un comportamiento loable y digno de admiración, pues la preocupación, dedicación y sensibilidad hacia los animales sobrepasó lo meramente exigible", reconocía el texto.
Una 'vendetta personal'
Ya han pasado cinco meses que los agentes fueron apartados de sus puestos de trabajo en una acción que Alberto califica como una "vendetta personal". El agente explicaba que aunque hace algunas semanas pudo regresar a las calles en un coche radiopatrulla, su última intervención derivó en una nueva redistribución de efectivos que le llevó de vuelta al juzgado donde, dice, trabaja con turnos incompatibles con la conciliación familiar a pesar de que tiene un hijo pequeño.
"A raíz de esto se ha generado una información reservada que es un previo a un expediente disciplinario", apuntaba Flor.
La demanda por acoso laboral
Los dos agentes se encuentran atónitos ante este episodio. "Desde hace cinco meses vivimos una auténtica pesadilla, una persecución y un hostigamiento que no cesa", lamentaba Flor apuntando que "todo gira en torno a castigarnos y es muy difícil sobrellevarlo emocionalmente".
Lo cierto es que resulta difícilmente comprensible su situación considerando el hecho de que cuentan con "el respaldo legal, jurídico y ético de la sociedad", tal y como señalan. Así pues, Alberto y Flor ya preparan junto a Jupol, el sindicato de la policía que les ayuda desde hace meses, una demanda por acoso laboral.
Por el momento tendrán que contentarse con el premio por las buenas prácticas policiales en materia de protección animal que la Red de Protección Animal (REPA) les concedió el pasado 6 de octubre en un acto donde no les dejaron vestir el uniforme.
