El objetivo de este convenio es evitar que un documento notarial pueda ser utilizado para hacer creer a terceros que se está en posesión de una Grandeza de España o de un título del Reino de España.
Con este acuerdo, ambas entidades desean contribuir a preservar los derechos y prerrogativas reservadas al Rey en la Constitución Española y las competencias atribuidas legalmente al Ministerio de Justicia en la tramitación de los procedimientos administrativos sobre grandezas y títulos nobiliarios.
Asimismo, los firmantes desean evitar que los ciudadanos pudieran ver lesionados sus derechos e intereses legítimos, incluidos los patrimoniales, cuando bajo la apariencia de la posesión inexistente o ilegítima de un título nobiliario se pretendieran perpetrar actuaciones fraudulentas e, incluso, delictivas.
Prerrogativa real
En virtud de este acuerdo, la Diputación de la Grandeza se compromete a tener actualizada la Guía de Títulos con los poseedores legales de las Grandezas de España y los Títulos del Reino, así como a atender las consultas que los notarios pudieran hacerles sobre la posesión legal de uno de estos títulos por una persona determinada.
El Consejo General del Notariado, por su parte, informará a los notarios de las cautelas que deben adoptar para evitar que un documento notarial pudiera servir para dar apariencia de titularidad a un título nobiliario falso o falsificado. En particular les alertarán del riesgo de que las actas de manifestaciones, testimonios y legitimación de firmas pudieran usarse para crear una falsa apariencia de titularidad.
Ambas instituciones estudiarán, además, la realización de seminarios o publicaciones para favorecer el conocimiento por parte de los notarios de la legislación aplicable a los títulos nobiliarios, en especial sobre su régimen sucesorio. La concesión de títulos nobiliarios es una prerrogativa reservada al Rey.
El único documento que acredita fehacientemente su posesión es una Real Carta de concesión, de sucesión o de rehabilitación, expedida por el Rey y refrendada por el ministro de Justicia.